TOLEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) – El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha trasladado al director de la Representación de la CE en España, Daniel Calleja y Crespo, los avances del Ejecutivo autonómico en la elaboración de la Ley de Accesibilidad Universal.
La reunión tuvo lugar en la sede de la Comisión Europea en España, donde también participó el comisionado para la Accesibilidad del Gobierno regional, José Luis Escudero, según ha informado la Junta en nota de prensa. Tras la reunión, Caballero comentó que se expusieron los trabajos realizados para la elaboración y aprobación de la nueva Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha.
Además, destacó el compromiso del Gobierno regional por colaborar con las instituciones europeas para que el Acta Europea de Accesibilidad se convierta en una realidad, incorporándola a su marco legal competencial.
EN FASE PARTICIPATIVA
El vicepresidente provincial valoró los avances logrados a través del comisionado correspondiente, explicando que la normativa actualmente se encuentra en fase participativa. «Ya hemos recopilado el marco normativo existente a nivel internacional y nacional, hemos realizado una comparativa detallada y hemos esbozado los apartados y cuestiones principales que consideramos que deben reflejar nuestra norma», afirmó.
Asimismo, detalló que el proceso de participación activa ha comenzado, con interlocuciones ya iniciadas con el tercer sector, universidades, empresas y entidades de economía social, sector bancario, sindicatos, colegios oficiales, y otras administraciones e instituciones, incluyendo a la representación de la Comisión Europea en España.
Caballero también agradeció la participación de la Comisión Europea en la jornada participativa del 19 de febrero, a la que asistieron alrededor de 200 personas que representaban a toda la sociedad regional.
En su intervención, confirmó que actualmente hay un texto en proceso de publicación en distintas secciones, y sorprendentemente, el proceso de participación ha contado con el interés de muchos ciudadanos, entidades y empresas, que están accediendo al documento base y realizando sus aportaciones. Esto pone de manifiesto que el interés no se limita únicamente al colectivo directamente afectado, sino que abarca a toda la sociedad.
El objetivo, según explicó, es presentar un texto a finales de año para su debate en las Cortes de Castilla-La Mancha en el próximo trimestre.
Desde ahora y hasta mediados de junio, se irán publicando, fase a fase, en el Portal de Participación institucional cada uno de los seis bloques en los que se ha estructurado la Ley para facilitar el proceso. Cada bloque incluirá un formulario para que cualquier persona interesada pueda hacer sus aportaciones en el plazo establecido.
Se puede acceder a través del siguiente enlace: Portal de Participación Institucional. Para garantizar la participación de todas las personas en igualdad de condiciones, se han preparado materiales en Lenguaje Claro y formatos digitales accesibles.
Caballero concluyó expresando la esperanza de que, cuando llegue a las Cortes, se obtenga la máxima unanimidad posible. También recordó que ya se había incluido en el nuevo Estatuto de Autonomía, del cual el PP ha roto el acuerdo.
Por esta razón, solicitó a Núñez y al PP que regresen al acuerdo, argumentando que se está en juego la consagración de la accesibilidad universal como un nuevo derecho en el Estatuto, lo que mejorará la vida de las personas. De no hacerlo, sería una traición a la comunidad.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Por otro lado, Caballero defendió la importancia de contar con fondos comunitarios en el nuevo marco financiero plurianual comunitario para el periodo 2028-2034, destinados a políticas públicas de accesibilidad universal. «Esta prioridad debe reflejarse en fondos europeos suficientes para apoyar políticas en este ámbito y para la implementación del Acta Europea de Accesibilidad», insistió.
El vicepresidente subrayó que deben canalizarse a través de los mecanismos más adecuados, como el Fondo Social Europeo, y, preferentemente, ser gestionados por las propias comunidades autónomas.
Asimismo, enfatizó la necesidad de reforzar la condicionalidad adicional que ya se establece en los reglamentos de los fondos europeos, para promover una accesibilidad universal real y efectiva.