La portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha acusado al Gobierno aragonés en funciones del PP de tener como prioridad «asfixiar y liquidar los servicios públicos», refiriéndose a la reciente medida de concertación del Bachillerato. Este anuncio ha suscitado controversia y críticas, no solo por el contenido de la decisión, sino también por las formas en que ha sido comunicada. El PSOE, junto con sindicatos y otras formaciones políticas de izquierdas, se plantea un recurso judicial que incluirá medidas cautelares.
Según Alegría, «la privatización del Bachillerato es el mensaje que lanza Azcón», quien, afirma, está más interesado en «asfixiar lo público» y destinar recursos estatales a la privatización de la educación, mientras todavía persisten importantes necesidades en el sistema educativo público. La líder socialista ha mantenido reuniones con representantes de organizaciones como FAPAR, UGT y CCOO, buscando unificar voces contra esta medida.
Alegría ha manifestado tener «serias dudas» sobre si un gobierno en funciones debería implementar un cambio tan significativo en el modelo educativo, sobre todo considerando que los requisitos económicos asociados para muchas familias se extenderán a varios años. Además, ha criticado que el anuncio de esta medida se haya hecho «por la puerta de atrás, con nocturnidad y alevosía», instando a que el presidente en funciones explique las razones detrás de su decisión públicamente.
También ha lamentado que entre las prioridades del gobierno no se incluya, por ejemplo, la apertura de un nuevo colegio en Parque Venecia, Zaragoza, o la puesta en marcha de un instituto público en Monzón. Además, ha señalado la falta de atención a las necesidades de aquellos escolares que no tienen accesibilidad adecuada en las cocinas de sus centros educativos o la escasa consideración de la idiosincrasia de Aragón, donde persiste una importante presencia de escuelas rurales que requieren inversión.
Alegría basa su rechazo a la medida de concertación en que esta puede implicar «privatizar la educación» en un momento en el que, según ella, «no es obligatoria» y donde existen alrededor de 2.000 plazas públicas sin cubrir en Aragón. El anuncio coincide con las negociaciones entre el PP y Vox para establecer un pacto de gobierno, lo que subraya una vez más la defensa de un modelo educativo privatizador entre estos partidos.
FAPAR CREE QUE ES «UN ATAQUE» A LA ESCUELA PÚBLICA
La presidenta de FAPAR, Nieves Burón, ha calificado la concertación del Bachillerato como «un ataque directo» a la educación pública. A su juicio, esta medida sobrepasa la causa de la libertad de elección de las familias, argumentando que en realidad representa un ataque frontal que perjudicará a la escuela pública.
Burón también ha criticado el supuesto «despilfarro» que representa esta medida, afirmando que no se justifica ya que existen suficientes plazas públicas disponibles. Resaltó la paradoja de anunciar una medida de gran envergadura por parte de un gobierno en funciones, cuya consejera de Educación está «autodespedida» y en un contexto de falta de presupuesto.
En cuanto al aspecto económico, Burón cuestionó la cifra mencionada por el gobierno, señalando que podía ser mucho mayor de lo que se da a entender y criticando que se prioricen anuncios de esta índole en un entorno donde faltan recursos para muchas otras necesidades educativas.