OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) – La Dirección General de Consumo del Gobierno asturiano ha rechazado la solicitud de la concesionaria Aucalsa de suspender el expediente administrativo abierto en relación con el peaje del Huerna, en la AP-66. Desde el Ejecutivo regional han informado de que mantienen plenamente activo el procedimiento, con «todas las garantías jurídicas y administrativas».
Además, han informado de que han requerido a la empresa la remisión de la documentación relativa a las diligencias pre procesales de Fiscalía, que ha usado como alegación para pedir la paralización del expediente, y le han otorgado un nuevo plazo de entrega de 15 días hábiles, que expiran el próximo día 22. El objetivo es clarificar el alcance real de esa información sin interrumpir la tramitación administrativa.
Compromiso del Gobierno
«No vamos a paralizar este procedimiento. Vamos a llegar hasta el final, con todas las garantías y con absoluto rigor jurídico», ha afirmado la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González. «Las empresas tienen una responsabilidad social con Asturias y mientras dure un peaje, esa responsabilidad incluye ajustar los precios cuando el servicio se deteriora y no se presta en las condiciones debidas, como ocurre en este caso. Aucalsa no está por encima del interés general», ha advertido.
Revisión del peaje
El expediente se centra en la posible desproporción entre el precio del peaje y el servicio actualmente ofrecido, afectado por limitaciones de velocidad y obras prolongadas. Consumo recuerda que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala la reducción de tarifas cuando la autopista no garantiza plena fluidez y seguridad.
Defensa del interés de los usuarios
El Principado insiste en que el procedimiento se está desarrollando con total rigor y garantías, enmarcado en una estrategia más amplia de defensa del interés de los usuarios frente a una concesión prorrogada hasta 2050 y cuestionada por su falta de transparencia en origen y por sus efectos sobre la movilidad en Asturias.
