ALMERÍA 13 Abr. (EUROPA PRESS) – El juez que instruye el caso ‘Mascarillas’ de Almería, que investiga presuntas irregularidades y ‘mordidas’ en contratos realizados desde la Diputación de Almería, ha acordado que se abra una nueva causa para investigar presuntos delitos de malversación y prevaricación a raíz del viaje realizado por el expresidente de la institución provincial Javier Aureliano García en junio de 2025 a Madrid con fondos públicos sin «ningún tipo de actividad profesional ni acto oficial».
Detalles de la Investigación
En un reciente auto, el instructor considera el informe policial presentado el pasado 24 de febrero por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, basado en la investigación que ponía bajo lupa algunos viajes desarrollados por el expresidente, pagados con fondos públicos pero considerados como «personales».
El juez estima que existen indicios de la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa y de un delito de malversación de caudales públicos, aunque considera que los hechos son «completamente diversos» de los que se investigan en la causa principal. Por ello, ha dispuesto que el asunto entre en reparto para ser manejado por otra plaza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería.
Detalles del Viaje
El informe mencionado hacía referencia al desplazamiento realizado los días 26 y 27 de junio de 2025 del investigado, junto con su jefa de gabinete, a Madrid, con gastos de desplazamiento y alojamiento sufragados por las arcas de la Diputación por un importe de 1.892,84 euros, sin que conste acreditada la «causa legal que generó la autorización de tales gastos».
El viaje se justificó por una supuesta reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde García ocupaba el cargo de Presidente de la Comisión de Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. Sin embargo, la investigación policial reveló que el expresidente no llegó a pisar la sede de la entidad, ni mantuvo contactos a nivel institucional. Sí se registraron estancias en hoteles, paseos por la ciudad y cenas en restaurantes.
El gasto del viaje fue autorizado por el entonces vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, quien también está siendo investigado en esta causa.
Antecedentes del Caso
El magistrado José Manuel Rey Bellot ha decidido separar estos posibles delitos del núcleo inicial de la causa, que se centra en la presunta adjudicación de un contrato fraudulento para la adquisición de material sanitario por un valor de dos millones de euros durante la fase más aguda de la pandemia.
Este contrato, que llevó inicialmente a la detención en junio de 2021 del exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, ha suscitado el examen de otros contratos presuntamente fraudulentos realizados por funcionarios de la Diputación «en consonancia con la participación de terceros y mercantiles que actuaron en connivencia con aquellos» para obtener beneficios ilícitos. Actualmente, la causa mantiene a 43 investigados, incluyendo políticos, funcionarios, empresarios, allegados y diferentes mercantiles.
Sospechas de Delitos
La investigación judicial sostiene que hay fundadas sospechas de la comisión de delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación por actividades realizadas entre 2016 y 2021.
Las actuaciones iniciales se originan del contrato para el suministro de material sanitario a través de la empresa Azor Corporate Ibérica, que implicó comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros por la adjudicación «fraudulenta» del mencionado contrato.
Los registros efectuados en el domicilio de Liria y la intervención de dinero a su primo, también investigado, Rodrigo S., apuntan a que el empresario K.L.S., como administrador de la empresa implicada, habría realizado entregas de dinero al político para que este, en calidad de «intermediario», hiciera llegar supuestas comisiones al resto de funcionarios públicos investigados de la Diputación.
Investigación de Empresas Implicadas
Además, la causa investiga la dinámica «presuntamente ilegal» en relación a las empresas Pulconal – en la que Liria participó durante aproximadamente cuatro meses – y OYC Servicios Urbanos, que habrían obtenido adjudicaciones de hasta 16 contratos públicos de la Diputación mediante actividades «ficticias y simuladas», aprovechando las capacidades que ofrecía el cargo de los investigados Óscar Liria y su tío, el exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón (PP).
Este supuesto sistema ilícito de adjudicación de contratos públicos dentro de la Diputación Provincial de Almería se habría llevado a cabo, según diversos indicios, con el «pleno conocimiento, aquiescencia y participación» del expresidente de la Diputación y el exvicepresidente segundo.