La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes la incoación de varios expedientes sancionadores, que en total suman una veintena, por «indicios de infracción» en el marco de sus investigaciones sobre el apagón del 28 de abril de 2025.
En concreto, el regulador ha abierto un expediente a Red Eléctrica de España (REE) basándose en el artículo 64.25 de la Ley del Sector Eléctrico, por incumplimiento de diversas funciones del operador del Sistema de Mercado, lo cual se califica como una infracción «muy grave». Además, se dirigen otros 19 expedientes a instalaciones de generación eléctrica, incluyendo ciclos combinados, renovables o nucleares, propiedad de las principales eléctricas del país, como Iberdrola, Endesa y Naturgy, así como de Repsol o Bahía de Bizkaia Electricidad. Estas infracciones se han calificado como «graves» en el artículo 65.8 de la Ley del Sector Eléctrico, por incumplimientos en los artículos 64.15, 16 y 17, sin riesgo de garantía del suministro o daño grave, según la lista comunicada por la CNMC al cierre del mercado.
En el caso de Red Eléctrica de España, el regulador ha abierto el expediente por un posible incumplimiento de las funciones k, l, r y u del artículo 30.2, que afecta al sistema o a los sujetos, refiriéndose a la programación del ‘mix’ energético de ese día. Estas funciones incluyen la obligación del operador eléctrico de programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía según los resultados de la casación de las ofertas comunicadas por el operador del mercado.
Para ello, se basa en la información recibida de los participantes en sistemas de contratación bilateral con entrega física, considerando las excepciones que al régimen de ofertas puedan derivarse de la aplicación de lo previsto en el artículo 25, gestionando los mercados de servicios de ajuste del sistema necesarios para garantizar criterios de fiabilidad y seguridad.
Asimismo, se prevé la obligación de REE de impartir las instrucciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, asegurando la fiabilidad y seguridad establecidas, y gestionando los mercados de servicios de ajuste necesarios. Debe proporcionar a todos los gestores de las redes la información suficiente para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente, desarrollo coordinado e interoperabilidad de la red interconectada.
Igualmente, REE tiene la obligación de gestionar los despachos técnicos y económicos para el suministro de energía eléctrica en sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares, así como la liquidación y comunicación de pagos y cobros relacionados. El régimen de cobros, pagos y garantías será similar al del mercado de producción peninsular.
A primera hora de la mañana, el organismo informó en un comunicado que, a raíz del apagón, se iniciaron varios expedientes informativos para analizar las circunstancias del ‘cero eléctrico’ y determinar hechos relevantes «bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica».
Origen multifactorial
Como resultado de estas actuaciones, la CNMC ha concluido que el incidente tuvo «un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el ‘cero eléctrico’ por sobretensión». Esta conclusión se alinea tanto con el informe del Gobierno como con el de expertos europeos de Entso-E, quienes indicaron que el incidente resultó de un problema multifactorial. La apertura de estos expedientes sancionadores se produce a menos de dos semanas de que se cumpla un año del ‘blackout’ eléctrico.
La CNMC ha detectado «diversos indicios de incumplimiento», algunos de ellos mantenidos durante periodos prolongados, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían constituir infracciones administrativas. En este contexto, el organismo ha comenzado un proceso para investigar formalmente estos indicios. Sin embargo, aclara que los hechos objeto de estos procedimientos «no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente debe ser considerado como de origen multifactorial».
Procedimientos entre 9 y 18 meses
«La incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación», subraya la CNMC. Estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los 9 y 18 meses, dependiendo de la gravedad de la infracción.
El organismo encabezado por Cani Fernández destaca que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que consideren pertinentes. En marzo, la CNMC ya había publicado un informe sobre el ‘cero eléctrico’, en el cual aprobaba recomendaciones y propuestas, pero no se señalaban posibles culpables del evento.
En ese documento, el regulador constató que el 28 de abril de 2025 se contaba con «herramientas normativas y regulatorias, así como mecanismos para garantizar el suministro» para haber evitado el apagón eléctrico. No obstante, consideró necesario abordar mejoras en el sistema eléctrico «para dar respuesta a las necesidades actuales y dotarlo de mayor robustez», abarcando también la red de telecomunicaciones y ferroviaria. El informe tenía un carácter consultivo y se emitía «sin perjuicio del resto de actuaciones que resulten procedentes en el marco de la investigación abierta sobre el incidente».