MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) – El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su escrito de defensa de cara al juicio que se celebrará en su contra por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz reivindica su inocencia, al considerar que el «núcleo esencial» de la información relevante había sido desvelado desde «el aparato institucional de la Comunidad de Madrid», añadiendo que al contenido clave de la supuesta filtración tuvieron acceso unas 600 personas.
En el escrito, al que ha tenido acceso la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, se insiste en que no hay delito porque lo único que hizo fue reaccionar «en el legítimo ejercicio de sus competencias» para evitar un perjuicio a la imagen y el prestigio de la Fiscalía y de los miembros del Ministerio Fiscal, cuya honradez y profesionalidad se habían visto comprometidas por una campaña de desinformación.
La defensa rechaza el relato del magistrado del Tribunal Supremo (TS), Ángel Hurtado, quien considera que la noche del 13 de marzo de 2024, García Ortiz filtró a la SER —que informó a las 23:23— el correo electrónico que la defensa de González Amador había enviado el 2 de febrero de ese año a la Fiscalía, ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales por los que estaba siendo investigado a cambio de un pacto.
La Abogacía presenta un relato cronológico, desde el 23 de enero de 2024, cuando la Fiscalía comenzó a investigar a González Amador, hasta el 14 de marzo de ese año, cuando se difundió la nota de prensa con el intercambio de correos electrónicos entre el abogado del empresario y el fiscal Julián Salto. Según la defensa, esto evidencia que «no existe ninguna conexión lógica» entre la publicación del citado correo en la SER y García Ortiz.
También señala que fue la información publicada por ‘eldiario.es’ el 12 de marzo de 2024, que sus periodistas habían obtenido desde el día 6, sobre la existencia de una investigación contra González Amador, lo que llevó a «una operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid para contrarrestar la repercusión política negativa de la noticia».
Se describe cómo se construyó «un relato alternativo» donde González Amador era presentado como víctima de una operación política llevada a cabo desde el Gobierno, con la complicidad ilícita de la Agencia Tributaria (AEAT) y de la Fiscalía, para desacreditar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La Abogacía enfoca su atención en las acciones realizadas por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien, «al menos desde las 19:00» del 13 de marzo de 2024, envió a «un número no determinado de periodistas» una serie de mensajes por WhatsApp, donde proporcionó dos informaciones que no correspondían a la realidad: que la propuesta de conformidad había partido del Ministerio Fiscal y que al fiscal encargado del asunto se le prohibió alcanzar un acuerdo.
Asimismo, se destaca que, «además de hacer circular entre los periodistas su versión tergiversada de los hechos», Rodríguez puso en contacto a González Amador con un periodista de ‘El Mundo’, asegurando que «fruto de la conversación que ambos mantuvieron, y de la documentación que se le hizo llegar», ese periódico publicó dicha «información tergiversada».
A las 22:41 de ese 13 de marzo, Rodríguez «reiteró, esta vez públicamente, sus graves acusaciones contra la Fiscalía», publicando en su cuenta de X que ésta había tenido que retirar, por «órdenes de arriba», la oferta de acuerdo que antes había hecho a González Amador.
La defensa de García Ortiz sostiene que, «con la noticia publicada a las 21:29, fue ‘El Mundo’ el que reveló tres datos esenciales: que González Amador reconoció ante la AEAT los hechos que dieron lugar a la denuncia por delitos fiscales; la existencia de una propuesta de conformidad; y el contenido de dicha propuesta». Por consecuencia, «El Mundo» trasladó a la opinión pública la existencia de correos electrónicos entre el letrado de la defensa y la Fiscalía de Madrid, así como la información esencial relativa a González Amador.
Desconcierto y Preocupación
El fiscal general subraya que, «hasta la publicación de esta información, desconocía la existencia de correos electrónicos entre el fiscal encargado del caso y el abogado de González Amador». Destaca que «no fue sino hasta las 23:44» del 13 de marzo cuando «recibió el correo electrónico cuyo contenido fue citado en el artículo de ‘El Mundo'».
Esta publicación provocó en la Fiscalía «primero, desconcierto por lo que se estaba publicando y, después, preocupación por la confusión generada en torno a los hechos y, sobre todo, por la imputación pública de graves irregularidades en la actuación de la Fiscalía».
Debido a esto, García Ortiz «decidió activar con carácter urgente» la dación de cuenta en el seno del Ministerio Público para averiguar «los hechos reales». A las 21:59 del 13 de marzo, recibió el grueso de los correos electrónicos entre la Fiscalía y la defensa de González Amador, incluyendo el email del 2 de febrero; sin embargo, no fue hasta las 23:44 cuando tuvo la cadena completa.
La defensa sostiene que fue «la estrategia de comunicación puesta en marcha por la Comunidad de Madrid» lo que «desencadenó dos procesos independientes pero que se desarrollaron de forma paralela», concluyendo con la publicación de una información que González Amador denunció como revelación de secretos.
Por un lado, se suscitó gran interés informativo alrededor de la noticia de ‘eldiario.es’ y las reacciones políticas, lo que impulsó una intensa actividad investigadora por parte de los medios de comunicación, algunos de los cuales lograron obtener y publicar el correo electrónico del 2 de febrero. Por otro lado, y al margen de lo anterior, el fiscal general se vio en la necesidad de averiguar la realidad de lo sucedido.
El Borrado, por Razones de Seguridad
Se argumenta que fue el abogado de González Amador quien rompió «unilateralmente» cualquier supuesta confidencialidad del correo electrónico del 2 de febrero al enviarlo a una cuenta de correo genérica de la Fiscalía y a un abogado del Estado no relacionado con el caso. Antes de que ‘eldiario.es’ publicase, «había, solo en la Fiscalía, alrededor de 600 personas que podían haber tenido acceso» a las pesquisas contra González Amador, además del personal del Decanato de los Juzgados de Madrid.
Se alude también a lo que Hurtado considera un indicio en contra de García Ortiz: el borrado de su móvil y de su cuenta personal de Gmail. La Abogacía reitera que el borrado del móvil se hacía de «forma regular» por cuestiones de seguridad y atribuye el cambio de la cuenta a la divulgación pública de su información, que llevó al fiscal a recibir mensajes «hostiles».
Además, la defensa rechaza cualquier perjuicio hacia González Amador, enfatizando que, «con posterioridad a la difusión de los correos electrónicos relativos a las negociaciones de conformidad», la posibilidad de un acuerdo «todavía sigue abierta». Respecto a las pruebas para el juicio, proponen las declaraciones de González Amador y Rodríguez, y rechazan la del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que pide una acusación popular.