VITORIA, 26 de septiembre. (EUROPA PRESS) – El lehendakari Imanol Pradales ha negado que la empresa CAF «contribuya» y sea «corresponsable» del genocidio en Gaza por participar en la construcción del tren ligero en Jerusalén. Además, ha acusado a la formación Sumar de «instrumentalizar el drama palestino», después de que pidieran al Gobierno Vasco que «impulse medidas» para que la empresa abandone el proyecto.
Pradales ha hecho estas declaraciones este viernes durante el pleno de control del Parlamento Vasco, en respuesta a una pregunta del parlamentario de Sumar, Jon Hernández, sobre la participación de CAF, que tiene fondos públicos, en el proyecto de ampliación del tren ligero de Jerusalén, el cual Hernández ha vinculado con la ocupación ilegal de territorios palestinos por parte de Israel.
El lehendakari ha manifestado que «en la política no todo vale», reprochando a Hernández que sus denuncias son «muy graves». Pradales ha afirmado que CAF no es «corresponsable del genocidio» ni está relacionada con la ocupación de Palestina, y ha recordado que Naciones Unidas ha considerado «criminal» el proyecto del tren ligero.
«Ya está bien de señalar en democracia», ha insistido Pradales, mencionando que se debe tener cuidado con las palabras, ya que «sabemos demasiado en este país cómo empiezan estas cosas, pero nunca cómo acaban».
En sus declaraciones, el lehendakari ha recalcado que «el máximo responsable del genocidio en Gaza es el gobierno de Netanyahu; el gobierno de Israel», al tiempo que critico la instrumentalización del sufrimiento del pueblo palestino.
Por su parte, Hernández ha insistido en que participar en ese proyecto equivale a «contribuir a la política de apartheid del gobierno israelí». Además, ha recordado que el derecho internacional considera crimen de guerra «construir en territorios ocupados», afirmando que este proyecto es una herramienta fundamental para mantener asentamientos ilegales.
Hernández también ha acusado al Gobierno Vasco de «sacar la cara a la empresa», argumentando que le preocupa que el Ejecutivo autónomo «simplemente niegue» que el proyecto sea una herramienta de ocupación ilegal que contribuye a la violación de derechos fundamentales.
Ante esta situación, Pradales ha pedido a Sumar Mugimendua que muestre «coherencia», recordándoles que su formación exige en Euskadi lo que no aplica su partido en Madrid, donde forman parte del Gobierno central. Según Pradales, el Ministerio de Asuntos Exteriores, del que su partido también forma parte, consultó sobre este contrato y no encontró obstáculos legales ni éticos para su firma.
Finalmente, el lehendakari ha reiterado que CAF no contribuye al genocidio en Gaza y que la empresa está «alineada con los más altos estándares de conducta empresarial responsable». Pradales ha añadido que, antes de la firma del contrato, CAF realizó un análisis legal del proyecto con expertos independientes, incluyendo a especialistas de Naciones Unidas, y cumplió con las directrices de la OCDE. Afirmó que «no hay incumplimiento de legalidad alguno» y que estas consideraciones respaldadas por sentencias judiciales también fueron votadas favorablemente por los sindicatos.