Zaragoza, 26 sep. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Aragón ha aprobado este viernes en el Consejo de Gobierno un acuerdo por el que toma conocimiento de las alegaciones presentadas al Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, actualmente en trámite de audiencia e información pública. La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha considerado que se trata de «una falsa condonación».
Alegaciones del Gobierno de Aragón
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha tildado el anteproyecto de ley de «arbitrario e injusto», asegurando que «no resuelve la infrafinanciación de los servicios públicos» y es «una trampa» porque «los aragoneses acabarán debiendo más dinero del que deben hoy», ya que se prevé un aumento de la deuda per cápita en 253 euros. Vaquero ha añadido que «teniendo en cuenta los cálculos del Ministerio de Hacienda, a Aragón le correspondería más importe de quita del calculado», exigiendo «rigor» en la gestión.
La postura del Ejecutivo aragonés
En el escrito de alegaciones, el Ejecutivo aragonés sostiene que «es necesario llevar a cabo un procedimiento para la actualización del sistema de financiación autonómica en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y culminar en un proceso de redistribución de la deuda, pero hoy por hoy este documento no soluciona los problemas de financiación de la Comunidad». Vaquero también ha tratado el tema de la negociación, afirmando que el anteproyecto responde a una exigencia política de ERC para formar gobierno con el PSOE, lo que ha llevado a que Pedro Sánchez se convierta en presidente, sin interés en resolver la financiación autonómica.
Inconsistencias y vulneraciones planteadas
Además, la vicepresidenta ha enfatizado que «no se ha consensuado con las comunidades autónomas, no se ha contado con nosotros y no podemos asumirlo», mencionando que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF) ha dejado claro que los recursos liberados no se pueden destinar a los servicios públicos esenciales.
El documento de alegaciones subraya que el anteproyecto vulnera principios constitucionales como la igualdad, la solidaridad interterritorial, la estabilidad presupuestaria y la interdicción de la arbitrariedad. Además, advierte que la mencionada condonación es, en realidad, una mera subrogación de deuda en favor del Estado, lo que redistribuye cargas entre territorios de forma desigual y perjudicial para Aragón.
Consecuencias de la metodología de reparto
Para el Gobierno de Aragón, la metodología de reparto «distorsiona el espíritu de la norma, ya que premia a comunidades con mayor endeudamiento y penaliza a aquellas que han mantenido una gestión financiera más responsable». Las alegaciones enfatizan que «la propuesta genera un riesgo moral al desincentivar la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas».
Solicitud de suspensión
Consecuentemente, el Ejecutivo solicita la suspensión de la tramitación del anteproyecto hasta que no se aborde de forma paralela y prioritaria una reforma del modelo de financiación que garantice recursos suficientes para la prestación de los servicios públicos fundamentales y una distribución justa y equilibrada entre territorios.