La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no ha acudido a la cita de este sábado ante el juez Juan Carlos Peinado. Se esperaba que se le informase que, si se va a juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora, sería juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal de jueces. Este proceso se realiza en el marco de una investigación sobre un supuesto desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa.
La incertidumbre sobre si Begoña Gómez acudiría personalmente al juzgado se mantuvo hasta el último momento, y finalmente decidió estar representada por su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho. Dos investigados más, la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, también decidieron no presentarse y enviar a sus letrados en su lugar.
La defensa se ampara en una circular de la fiscalía
Según fuentes jurídicas consultadas, el juez Peinado esperaba que los imputados acudieran físicamente, ya que consideraba que era su obligación legal. Sin embargo, la comparecencia se llevó a cabo con los abogados de Gómez, Álvarez y Martín Aguirre, así como el resto de las partes involucradas.
Las defensas se han amparado en una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995 sobre el proceso ante el tribunal del jurado, que establece que la presencia de los investigados «no es indispensable». Esta circular indica que en tales comparecencias se concretan los términos de la imputación y es suficiente que acuda la defensa del investigado, ya que «no se practican diligencias de instrucción y tampoco la declaración del imputado».
Las acusaciones sopesan pedir la testifical de Pedro Sánchez
Por otro lado, las acusaciones populares, bajo la dirección letrada de Hazte Oír, están considerando solicitar nuevamente la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según Luis Pardo, abogado de Iustitia Europa que integra las acusaciones populares, se prevé la solicitud de diligencias «sustanciales» que ya se han practicado en la pieza principal del caso y que consideran necesarias retomar.
Pardo destacó la importancia de los informes que debe elaborar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos aportados por el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio. Además, enfatizó que siguen pendientes de recibir los correos electrónicos de Gómez y el listado de personas que han autorizado el pago de las retribuciones de Álvarez.
Un jurado popular, «reconfortante»
Pardo subrayó el papel de las acusaciones populares, indicando que su presencia es crucial para concretar la imputación y reclamar diligencias, ya que sin su participación podría acordarse un archivo del caso. La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, también declaró que es «reconfortante» que, si hay juicio por malversación, se lleve a cabo ante un tribunal del jurado.
La cita de este sábado en los juzgados de Madrid contó con un ambiente tenso, ya que decenas de personas con banderas españolas coreaban lemas como «Pedro Sánchez a prisión» y «es un delincuente, no un presidente». Además, el 27 de septiembre es el cumpleaños del juez Peinado, quien cumple 71 años, y en algunos momentos los manifestantes cantaron «Cumpleaños Feliz».