El juez Juan Carlos Peinado ha decidido acumular toda la causa que se sigue contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en una única pieza, tal como ordenó el 3 de octubre la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar que la defensa tenía razón en su planteamiento. Esta decisión permitirá juzgar todos los presuntos delitos en un solo proceso.
En un auto judicial al que ha tenido acceso la prensa, el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha dictado la unificación de la pieza principal, que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, y la pieza separada referida a la presunta malversación de caudales públicos.
La resolución del juez llega tras haber informado a los implicados —Begoña Gómez, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre; y el empresario Juan Carlos Barrabés— de que si el caso llega a juicio, será un jurado popular quien se encargue de dictar sentencia.
El origen de este caso se remonta a abril de 2024, cuando se presentó una denuncia por parte de la organización Manos Limpias. Se acusaba a Gómez de haber utilizado su posición como esposa del presidente para recomendar a empresarios a licitaciones públicas. En función de estos hechos, el juez Peinado imputó a Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
El juez considera que, dado que el delito de tráfico de influencias es competencia exclusiva del tribunal del jurado, todo el caso debe ser juzgado con esta misma fórmula, lo que implica también a los otros delitos relacionados.
La investigación de Peinado ha ido creciendo, abriendo nuevas ramas a partir de una denuncia de Vox, que señalaba presuntas irregularidades en el registro de un software de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la cual codirigía Begoña Gómez. En este contexto, se imputaron delitos de apropiación indebida de marca e intrusismo a Gómez.
A partir de otro señalamiento por parte de Vox, Peinado abrió una pieza separada para investigar si hubo un desvío de fondos públicos en la nombramiento de Álvarez como asesora de Moncloa, lo que también implicaría si esta actuó en funciones privadas para Gómez dentro de su trabajo en la Complutense. La Audiencia Provincial corrigió la decisión inicial del juez de abrir esta pieza separada, instruyendo que continuara la investigación dentro de la pieza principal.
Malversación y tráfico de influencias, «entrelazados»
La Audiencia de Madrid subrayó que la decisión de Peinado de separar las piezas era «prematura e inmotivada», especialmente en vista de la complejidad de los hechos investigados. Si bien se pudiera considerar una mera decisión de ordenación procesal, su relevancia radica en que ambos delitos (tráfico de influencias y malversación) están interrelacionados y deberían ser investigados conjuntamente.
La Audiencia hizo hincapié en que el auto no contenía una descripción adecuada de los hechos relevantes y que no se había realizado un análisis mínimo de la consistencia de las imputaciones, por lo que es pertinente que la investigación continúe unificada.
En conclusión, el caso de Begoña Gómez refleja una serie de acusaciones graves que no solo afectan su reputación, sino que también ponen de manifiesto las interacciones complejas entre el poder político, los negocios y la legalidad en la administración pública.