Madrid, 26 de octubre de 2025 (EUROPA PRESS) – El grupo parlamentario de Sumar en el Congreso ha reclamado al Gobierno que publique un calendario de sustitución de los programas militares suspendidos debido al veto al comercio de material militar con el Estado hebreo, en el marco de la ofensiva contra la Franja de Gaza.
El Congreso aprobó a principios de octubre el embargo a la compraventa de material militar a Israel, medida que fue respaldada por el Gobierno como presión a Tel Aviv en plena ofensiva contra el enclave palestino, calificada por el Ejecutivo como «genocidio». El presidente Pedro Sánchez justificó dicha medida como un veto «de facto» que se aplicaba desde el 7 de octubre de 2023.
Meses antes del establecimiento de estas medidas, el Ministerio de Defensa había anunciado un «plan de desconexión» de la industria militar israelí, con el objetivo de reemplazar los productos israelíes sin afectar las capacidades de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, persistían dudas sobre ciertos materiales relacionados con Inteligencia y tecnología, donde el Ministerio había reconocido cierta «dependencia». No obstante, Robles afirmó que ya había concluido el vínculo industrial con el Estado hebreo en el ámbito de la defensa desde septiembre.
Misiles y lanzacohetes
En una iniciativa registrada en la Cámara Baja, Sumar centra su atención en la anulación de contratos para el suministro de 168 sistemas de misiles anticarro Spike LR2, valorados en 237 millones de euros y adjudicados a PAP Tecnos Innovación SAU; del contrato para la provisión del sistema lanzacohetes SILAM, tasado en 576 millones de euros, con la participación de la israelí Elbit Systems; y del acuerdo para sistemas de combate aéreo, por un importe de 207 millones de euros, adjudicado a Rafael.
El grupo parlamentario de Sumar también ha instado al Gobierno a que publique, lo antes posible, un cronograma de sustitución de todos los programas de seguridad y defensa en los que hayan intervenido bienes, tecnologías o patentes israelíes. Además, solicita que el Gobierno ejecute en España al menos el 80% de los fondos presupuestados para programas de defensa y un 90% dentro de la Unión Europea.