MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) – Durante la hora y media que ha durado su declaración como acusado en el juicio por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, los susurros y risas en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) se han paralizado.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está acusado de haber filtrado un correo del 2 de febrero de 2024, en el que el abogado González Amador enviaba una propuesta de conformidad a la Fiscalía de delitos económicos. En esta sesión, García Ortiz dejó su toga junto a su defensa, donde se había mantenido en las anteriores sesiones, para dirigirse al lugar donde debía prestar declaración, en el centro de la sala.
Frente a los siete magistrados que conforman el tribunal y bajo un imponente fresco con la palabra ‘IUSTITIA’, el fiscal general justificó su rechazo a contestar a las acusaciones, especialmente a la ejercida por González Amador, por considerarla «desleal». Una decisión que fue seguida con atención por un público que llenaba la tribuna reservada.
Entre los asistentes se encontraban algunas personas que han testificado en este juicio, como Diego Villafañe, hombre de confianza de García Ortiz y ‘número dos’ de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, y Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. Ambos habían estado imputados pero fueron exonerados al determinarse que solo cumplían órdenes de su superior. Todos observaban atentamente el estrado desde donde García Ortiz declaraba.
La acusación particular, a cargo del abogado Gabriel Rodríguez Ramos, revisaba sus notas y el ordenador mientras García Ortiz respondía a las preguntas planteadas por el abogado del Estado, José Ignacio Ocio, quien le defendía. Ocio realizaba preguntas cortas y poco concretas, lo que permitió a García Ortiz contar su versión de los hechos ocurridos entre el 7 y el 15 de marzo de 2024, periodo clave de la presunta filtración.
Esto le permitió defender su inocencia, desglosando punto por punto lo que denomina «hitos» ocurridos la noche del 13 de marzo, cuando supuestamente se produjo la filtración del correo electrónico. Afirmó que no mantuvo «ninguna conversación» con el periodista de la Cadena SER que publicó el contenido literal del ‘mail’ y que no escuchó que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, le preguntara si había sido él quien había filtrado información. Agregó que el borrado de sus dispositivos responde a una práctica «sistemática» motivada por cuestiones de ciberseguridad.
García Ortiz es el primer fiscal general del Estado en encontrarse en el banquillo de los acusados y habló en dos ocasiones sin ser preguntado. La primera fue al inicio, cuando el presidente del tribunal le consultó si iba a responder a la acusación. La segunda vez fue al finalizar, cuando Ocio indicó que no tenía más preguntas. En esta ocasión, el fiscal general solicitó la venia al tribunal y volvió a defender su inocencia, utilizando las palabras de una persona desconocida que le había dicho al entrar en la sala: «La verdad no se filtra, la verdad se defiende».
Tres asientos, risas del público y la réplica a la UCO desde el estrado
A primera hora de la mañana, los asistentes pudieron ver que, por primera vez en cinco días de juicio, la tarima donde se encuentra el tribunal y las partes había cambiado. Junto al asiento de caoba pura donde declaraban todos los testigos, se habían dispuesto otras dos sillas menos ostentosas para albergar al teniente coronel Antonio Balas, cabeza de la investigación en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y a otros dos agentes que testificaron al unísono, una imagen inédita en el juicio.
Los tres agentes ratificaron los informes redactados sobre la entrada y registro de los despachos de García Ortiz y de Pilar Rodríguez, así como las conclusiones de su investigación. Apuntaron directamente al jefe del Ministerio Público como la persona que contaba con el «dominio» de lo que ocurría en la Fiscalía, y, en consecuencia, como posible filtrador.
Los guardias civiles respondieron a las preguntas de la acusación y de la defensa, ante un fiscal general que se mostraba muy serio y, en ocasiones, se cubría parte de la cara con las manos, negando con la cabeza. En un momento, García Ortiz exclamó «yo no dije eso» a micrófono cerrado cuando uno de los agentes declaró que, durante el registro de su despacho, afirmó que había destruido un teléfono anterior.
Ante esto, con visible indignación, García Ortiz se dirigió a la abogada del Estado, Consuelo Castro, quien también le representa en el juicio y estaba en su turno de preguntas. Castro repreguntó a la guardia civil si dicha afirmación constaba en acta, a lo que el uniformado respondió que no.
Ese fue el comienzo de un agitado interrogatorio en el que la abogada del Estado cuestionó las «inferencias» realizadas por los agentes en sus informes. En uno de ellos, la UCO afirmaba el papel «preeminente» del fiscal general en la supuesta filtración del correo del 2 de febrero. Castro preguntó si investigaron a las «600 personas» que tuvieron conocimiento del contenido del ‘mail’, a lo que el teniente coronel Balas respondió: «Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas», provocando carcajadas en el público. «Sobre lo que tenemos más indicios es sobre esta persona», agregó, refiriéndose a García Ortiz.
Los asistentes también rieron cuando la defensa solicitó proyectar en pantalla una conversación de WhatsApp entre Rodríguez y Villafañe, en la que este deseaba ánimos por un tratamiento de láser que la fiscal debía hacerse en los ojos. «¡Ánimo y cuídate mucho que te necesitamos a tope!», fue la respuesta del fiscal, que la UCO atribuyó en su informe a un comentario sobre la progresión laboral de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Cuando Castro preguntó a los uniformados si consideraban que estaban hablando de planes profesionales de Rodríguez, el teniente coronel contestó: «Sí, claro que sí. No hemos puesto lo otro por motivos de seguridad». Este comentario volvió a provocar risas entre los asistentes.