MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha solicitado al Tribunal Constitucional que suspenda la orden de detención nacional que permanece vigente en su contra, amparándose en las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta petición fue presentada en un escrito fechado el mismo lunes y al que ha tenido acceso Europa Press.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, argumenta que «la suspensión cautelar solicitada no solo resulta procedente, sino jurídicamente obligada para garantizar la efectividad del recurso de amparo y evitar la lesión irreversible de los derechos fundamentales del recurrente».
En su defensa, Boye recalca que «los perjuicios no son hipotéticos». Afirma que Puigdemont «ha visto limitada su libertad de movimiento y su actividad institucional durante años» debido a órdenes de detención cuya validez ha sido desactivada legalmente por la ley orgánica de amnistía, confirmada por el Tribunal Constitucional y el estándar europeo.
El documento subraya que «una ley declarada constitucional no puede ser privada de eficacia práctica por la persistencia de medidas penales restrictivas». Además, argumenta que «la fase cautelar no puede convertirse en un instrumento para reabrir indirectamente un debate constitucional ya cerrado».
UN «SACRIFICIO DESPROPORCIONADO» MANTENER LA ORDEN
Boye describe que mantener la orden de detención nacional en este contexto «supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario», lo que resulta incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que deben regir en esta fase.
Este escrito se produce tras la publicación de las conclusiones del abogado general del TJUE el 13 de noviembre, que, si bien indica que algunas disposiciones de la ley de amnistía podrían ser incompatibles con el derecho comunitario, descarta que la normativa responda a una «autoamnistía» o que interfiera con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o afecte a los intereses financieros de la Unión.
Boye destaca que el abogado general sostiene que la amnistía se inscribe en el «núcleo de competencias soberanas de los Estados miembros», lo que «excluye la posibilidad de que los tribunales nacionales invoquen dudas europeas como obstáculo para su aplicación».
Por lo tanto, el abogado considera que «este pronunciamiento, unido a la declaración de constitucionalidad de la ley de amnistía, elimina cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo». Aunque dichas conclusiones no son vinculantes, Boye las considera de «autoridad interpretativa indiscutible». Él argumenta que «la amnistía pertenece a la competencia exclusiva de los Estados miembros» y que «la oportunidad, el alcance y el contenido de una amnistía quedan fuera del control del Derecho de la Unión».
El abogado de Puigdemont sostiene que este tipo de afirmaciones «tienen un impacto directo en la ponderación cautelar, al disipar cualquier duda sobre la validez europea de la norma». Además, señala que «la práctica demuestra que la jurisprudencia sigue de manera constante la línea argumental estructurada por el abogado general», lo que confiere a sus afirmaciones una fiabilidad cualitativa innegable.
Finalmente, concluye que «la amnistía es eficaz desde su entrada en vigor y su aplicación no puede ser desplazada por consideraciones meramente procedimentales», y que «no existe duda jurídica razonable que justifique la persistencia de órdenes de detención en un escenario en el que tanto el Derecho nacional como el europeo avalan la eficacia inmediata de la ley de amnistía».