El 28 de noviembre de 2025, en un comunicado desde Zaragoza, fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han defendido el Real Decreto que endurece los criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España. Este decreto se encuentra en el centro de una controversia tras el recurso presentado por el Gobierno de Aragón ante el Tribunal Supremo, alegando una invasión de competencias. Para la Moncloa, esta reacción no es una sorpresa, ya que el decreto se opone a la estrategia del Ejecutivo de Jorge Azcón, que apoya el crecimiento de universidades privadas sin considerar su calidad.
Actualmente, existen tres proyectos de universidades privadas en la Comunidad Autónoma de Aragón, dos localizados en Zaragoza y otro en Calatayud. Desde el Ministerio dirigido por Diana Morant, se ha destacado que el decreto, aprobado en octubre, es «necesario» dado el aumento de universidades privadas en España, muchas de las cuales «no cumplen con los criterios mínimos de calidad en docencia e investigación». Esta situación ha llevado a la necesidad de endurecer los criterios con el fin de «asegurar que todas las universidades que operan en España sean solventes, impartan una docencia de calidad y se comprometan con la investigación».
Los nuevos criterios de calidad, según el ministro, son «meditados, ponderados y realistas», con el objetivo de garantizar que todas las universidades en el país, tanto públicas como privadas, mantengan altos estándares de calidad, sostenibilidad y masa crítica. El Ministerio ha resaltado que «casi todas las universidades existentes cumplen estos criterios, y aquellas que no, tendrán suficiente tiempo para adaptarse». Además, se ha refutado la idea de que la normativa vulnere competencias autonómicas, afirmando que la definición de principios normativos generales para el sistema universitario y la supervisión de su calidad son responsabilidades del Estado.
Aparte de este enfoque regulador, el Ministerio ha negado que el Real Decreto limite de manera injustificada la libertad de empresa, argumentando que lo que se busca es regular para «asegurar la calidad de un servicio de interés general y proteger tanto al estudiantado como a la sociedad». Se han puesto de ejemplo otras regulaciones muy exigentes, como las del sector sanitario, el bancario o el energético.
Finalmente, el Ministerio ha destacado que se llevó a cabo una audiencia pública en abril, donde se recibieron propuestas de más de 68 instituciones, incluidas casi todas las Comunidades Autónomas, lo que indica que el Real Decreto fue tramitado de forma «totalmente transparente» y aprobado conforme al Consejo de Estado.