La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha declarado este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado sobre las funciones que desempeña su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Durante su comparecencia, Gómez ha indicado que su asistente le ha hecho algún «favor» en ocasiones excepcionales, como el envío de un correo a Reale relacionado con el patrocinio de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Fuentes jurídicas han confirmado que Gómez se acogió a su derecho de contestar únicamente a las preguntas de su abogado, sin responder a las del juez, la Fiscalía o las acusaciones populares. En este proceso, el juez investiga la posible malversación de dinero público en la contratación de su asesora y si esta ha realizado funciones privadas para Gómez.
La defensa de Gómez, liderada por el exministro socialista Antonio Camacho, argumentó que hacer un favor a alguien con quien se tiene una relación de amistad no debería considerarse como un delito de malversación. Por su parte, el abogado enfatizó que Álvarez se ocupa de organizar la agenda de Gómez y acompañarla a actos oficiales, además de tener un compromiso logístico y organizativo constante.
Desarrollo del Caso
En el marco de la declaración, se presentó un correo electrónico enviado por Álvarez a la directora de Comunicación Institucional de Reale, donde mencionaba que Gómez estaba interesada en que esta entidad continuara siendo patrona de la cátedra, aunque fuera con una cantidad inferior.
Gómez llegó a la tercera planta de los Juzgados de Plaza de Castilla el miércoles, minutos antes de las 12:00 horas, vestida de negro y acompañada por agentes de seguridad. Esta es la cuarta vez que comparece ante el juez, donde anteriormente se acogió a su derecho a no declarar en dos ocasiones. En una tercera, respondió solo a las preguntas de su abogado.
Investigaciones en Curso
Esta nueva comparecencia se produce tras la orden emitida por el juez el 3 de septiembre, donde solicitó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el análisis de los correos electrónicos de Gómez desde el nombramiento de su asesora en julio de 2018 hasta la fecha actual. Además, se pidió información sobre las personas que han ocupado el cargo de secretario general de Presidencia desde entonces y quién ha autorizado el pago de las retribuciones.
La defensa ha solicitado a la Audiencia de Madrid que se invalide la orden del juez, argumentando que esta carece de motivación y que su defensa ha sido vulnerada al analizar siete años de correos sin un criterio claro.
Antecedentes de la Investigación
Esta investigación comenzó en abril de 2024, tras una denuncia presentada por Manos Limpias, que acusaba a Gómez de influir en favor de empresarios que participaban en licitaciones públicas. La rama actual de la investigación se centra en la posible malversación de fondos públicos en el nombramiento y la función de su asesora. Hasta agosto, Gómez había sido investigada por otros cuatro delitos, incluidos tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
A medida que la investigación avanza, fuentes jurídicas han reportado que en la Audiencia Provincial de Madrid hay ocho recursos referentes a este caso, de los cuales seis ya están en fase de tramitación.