La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado que su partido votará en contra del nuevo real decreto ley de ‘escudo social’. Esta normativa incluye, entre otras cuestiones, la prórroga de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, específicamente cuando el arrendador es un gran tenedor o un ‘fondo buitre’, así como del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.
Nogueras ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez intentó incluir en un mismo decreto la regulación de las pensiones junto con «el tema de las okupaciones». No obstante, desde su formación han decidido no aceptar esta combinación, a pesar de lo que calificó como «chantaje, presiones y mentiras» del Ejecutivo. «El Gobierno español ha tenido que rectificar», ha resaltado.
En un video publicado en ‘Instagram’, la portavoz de Junts ha anunciado que, tras revisar «la letra pequeña», votarán en contra de prorrogar las medidas sobre la moratoria antidesahucios, alegando que «no sólo no soluciona el problema, sino que es injusta». Por lo tanto, se prevé que el decreto del Ejecutivo no prospere en la Cámara Baja.
Además, Nogueras ha reprochado que «el coste de este escudo social, del que tanto se jactan las llamadas izquierdas españolas, lo están pagando el pequeño propietario y los vecinos». En anteriores declaraciones, Nogueras había defendido que el coste de la moratoria de desahucios de personas vulnerables debería ser asumido por el Gobierno. «Si hay dinero para pagar millones de euros a los inspectores de Hacienda, tiene que haberlo para ayudar a quienes realmente lo necesitan», subrayó.
Según ella, el Ejecutivo de coalición ha tenido «seis años para encontrar una solución» a lo que califica como «el problema de las ocupaciones», pero ha sido incapaz de «hacer los deberes» en este ámbito. A pesar de esto, Junts había garantizado previamente su apoyo al decreto ley específico de las pensiones, celebrando que el Ejecutivo incluyera la revalorización de las pensiones en una norma exclusiva.
Acuerdo PNV y Gobierno
Por su parte, el PNV ha anunciado que logró un acuerdo con el Gobierno para ampliar el escudo social a propietarios con una sola vivienda en alquiler, lo que evitará que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables al tener que asumir «la carga del impago a la que se les obligaba».
Posteriormente, el Consejo de Ministros dio ‘luz verde’ al nuevo ‘escudo social’, que es aprobado después de que el pasado 27 de enero el Congreso rechazara la convalidación de un único decreto que incluía la subida de las pensiones y la prórroga de las medidas sociales, en las que se suspenden los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador es un gran tenedor o un ‘fondo buitre’.
Así, se mantiene el ‘escudo social’ que protege a las personas inquilinas sin alternativa habitacional que, por causas sobrevenidas, no pueden afrontar el pago del alquiler.
Sin embargo, en línea con el acuerdo entre el Gobierno y el PNV, los propietarios de una o dos viviendas (o en situación de vulnerabilidad) no se verán afectados por la prórroga de este ‘escudo social’, y corresponderá a los servicios sociales competentes buscar una alternativa habitacional de emergencia para los inquilinos vulnerables.
Este acuerdo ha sido criticado por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien lo calificó de «asco absoluto». En un mensaje en ‘X’, escribió: «El PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que viven en viviendas de caseros que ‘sólo’ tienen una vivienda para alquilar. Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad».