Cifra en tres millones las viviendas necesarias en los próximos 10 años para hacer frente al incremento de hogares.
MADRID, 14 de septiembre. (EUROPA PRESS) – Jorge Galindo, doctor en sociología por la Universidad de Ginebra y director adjunto del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), ha dedicado su carrera a investigar políticas públicas en el ámbito urbano y social, así como a analizar las brechas laborales y generacionales en los países del sur de Europa. Recientemente, ha publicado ‘Tres millones de viviendas’ (Debate, 2025), un libro en el que aboga por la movilización de vivienda y no por su acumulación «ociosa».
En una entrevista, Galindo ha declarado que no tiene una preferencia «fuerte» sobre la acumulación de vivienda y ha señalado que esta podría tener «alguna ventaja» si está en manos de personas jurídicas que se dedican profesionalmente al alquiler a largo plazo.
El autor de ‘Tres millones de viviendas’ ha destacado que en el mercado de la vivienda en alquiler español, la propiedad no está concentrada. «Tenemos países donde la vivienda de alquiler a largo plazo está más concentrada que en España y no hay un problema como el que existe aquí», ha apuntado.
Galindo considera que, desde un punto de vista impositivo, se debe facilitar el acceso a quienes van a vivir en la vivienda o a quienes compran su primera vivienda. Por otro lado, propone penalizar a quienes compran sin movilizarla para alquiler a largo plazo o para residir en ella, es decir, la tenencia improductiva.
«Me importa más el uso (…). En la tenencia, lo que quiero no es penalizar la acumulación de vivienda, sino favorecer el acceso de quienes no tienen», ha expuesto. Así, ha abogado por dos reformas impositivas que persigan esos objetivos.
En su obra, Galindo indica que se necesitan tres millones de viviendas en los próximos 10 años para abordar el incremento de hogares, dado el actual déficit en la construcción de inmuebles. «Es una aproximación inevitablemente grosera desde el punto de vista estadístico, pero que debería servir para marcarnos un objetivo y cambiar el marco del debate, saliendo del debate de suma cero y pasando al debate de qué hay que hacer viviendas», ha expresado.
Las viviendas necesarias deben ser de «todo tipo»: públicas, privadas, de compraventa o de alquiler. «Necesitamos de todo porque la escasez ahora mismo es demasiado», ha advertido.
Construir más vivienda para romper con la brecha de clase
La diferencia principal entre el contexto actual y el pre-2008 es la ausencia de una burbuja crediticia. «No hay un río de crédito barato, fácil y accesible fluyendo hacia las promotoras ni hacia quienes deciden contratar una hipoteca. Más bien al contrario. Después de 2008 se introdujeron nuevas normas a nivel europeo que cambiaron bastante cómo funcionaba el mercado financiero», ha subrayado el sociólogo.
Galindo ha defendido «construir y dejar construir» como una forma de romper con las brechas generacionales que acaban convirtiéndose en brechas de clase. La falta de nuevos inmuebles provoca que, en algunas ciudades, solo puedan acceder a una vivienda quienes heredan.
«Como el mercado de la vivienda es un poco suma cero, la inmensa mayoría de las compraventas que se producen son de segunda mano. Muchas se realizan también a través de herencia, donación o al contado sin hipoteca. Por el lado de la venta, se ofrece lo que ya existe y, por el lado de la compra, se adquiere con recursos que a menudo provienen de la vivienda», ha explicado.
El autor ha añadido que esto responde a una razón histórica, ya que en España se ha construido riqueza principalmente a través de la vivienda. «Si sumas eso con la actual insuficiencia de oferta, es cuando aparecen las brechas generacionales que se acabarán convirtiendo en brechas de clase», ha añadido.
Acabar con el silencio administrativo en el urbanismo
Galindo critica también a la administración por poner «palos» en sus propias ruedas, ya que considera que muchos planes para desarrollar vivienda no se llevan a cabo debido al exceso de burocracia. «Se pierden en el papeleo que la propia administración exige», ha afirmado.
Por ello, el sociólogo ve con buenos ojos el silencio administrativo positivo que incorpora la reforma de la Ley del Suelo –bloqueada en el Congreso–, que propone que la falta de respuesta administrativa no paralice completamente un proyecto de urbanismo.
Además, considera fundamental revisar cuánto poder se otorga a la paralización y bloqueo de proyectos específicos por acciones judiciales, políticas o administrativas, dado que muchos se están quedando «atrapados».