El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido votar a favor del presupuesto de 2026 después de llegar a un acuerdo con la alcaldesa, Natalia Chueca. Este pacto abarca dos puntos clave: la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la reducción de la burocracia en la administración local.
El anuncio se realizó en la tarde del miércoles por la alcaldesa y la portavoz adjunta de Vox, Eva Torres, en una comparecencia conjunta en el arco de banderas del Ayuntamiento de Zaragoza. Uno de los compromisos asumidos es la intención de ambas partes de trabajar para «aligerar el coste administrativo» de la ciudad. El objetivo es disminuir la carga de las administraciones y buscar formas de reducir estructuras.
Además, el acuerdo implica modificar la ordenanza de ZBE para permitir restricciones de acceso basadas en episodios de contaminación. Este nuevo formato ya se aplica en ciudades como Sevilla, Castellón y Ponferrada, y se enmarca dentro de la legalidad para no perder 22 millones de euros en ayudas al transporte urbano entre 2025 y 2026.
Legalidad
Sobre las cámaras que deben instalarse, Chueca ha indicado que estas deberán contar con sensores de contaminación para verificar si se superan los umbrales establecidos por la legislación. La alcaldesa ha señalado que el sistema que se implementará es «más sofisticado» que el actual y que seguirá funcionando hasta la aprobación de la nueva ordenanza.
La alcaldesa argumentó que la seguridad jurídica fue determinante para aceptar las propuestas de Vox, tras varios informes elaborados por los técnicos municipales. «Es esa seguridad jurídica la diferencia entre ayer y hoy», matizó, enfatizando que respetar la legalidad y no perder las ayudas al transporte eran las líneas rojas del acuerdo.
Influencia de Vox
Por su parte, Eva Torres expresó su satisfacción por el acuerdo con el PP, destacando que «salva dos escollos» que impedían la aprobación del presupuesto. Entre estas cuestiones, se encuentra el hecho de que no se sancionará a los ciudadanos por acceder al centro de la ciudad, así como la reducción de la estructura del Ayuntamiento.
Ambas partes comenzarán a trabajar en estos aspectos a partir del viernes, una vez que se apruebe el presupuesto en el pleno del jueves. Torres también puso de manifiesto que el Gobierno de Zaragoza ha aceptado la propuesta de Vox para modificar la ordenanza de ZBE, estableciendo que el régimen sancionador solo se activará al sobrepasar los umbrales de contaminación oficiales.
Este cambio busca garantizar que no se restrinja el acceso al centro ni se impongan sanciones a los ciudadanos por circular por ahí. Torres defendió que Zaragoza «no es una ciudad contaminada» y que no supera los límites de contaminación establecidos, según el Informe Anual de Calidad del Aire de 2024.
Torres calificó la implantación de la ZBE de «absurda», argumentando que responde a políticas ideológicas que perjudican a los ciudadanos. Mientras tanto, Chueca coincidió en que la ZBE es una «imposición» del Gobierno de España y que cada ciudad tiene necesidades específicas.
Acuerdo independiente «sin tutelas»
La alcaldesa subrayó que no le ha resultado difícil encontrar una fórmula que reduzca las restricciones de acceso, similar a la que ya se está aplicando en otras ciudades. Según Chueca, este acuerdo proporciona estabilidad a Zaragoza, permitiendo avanzar sin perder tiempo y continuar mejorando la calidad de vida de los zaragozanos.
Agradeció la colaboración de Torres para alcanzar el acuerdo y reafirmó su compromiso de gobernar con responsabilidad, evitando que la ciudad se detenga y trabajando en transformaciones significativas. Tanto Chueca como Torres dejaron claro que este acuerdo no está vinculado a las negociaciones entre el PP y Vox para formar el Gobierno de Aragón, enfatizando que se centraron exclusivamente en el presupuesto de Zaragoza.