Zaragoza, 13 de marzo. (Europa Press) – Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón en funciones han solicitado al juez Juan José Cortés, titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Teruel, que investiga el caso ‘Forestalia’, su personación como perjudicado en esta causa. Esto les permitirá convertirse en acusación particular y emprender acciones legales civiles o penales, según ha anunciado la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico en funciones, Mar Vaquero, en una rueda de prensa. Además, se prevé una revisión exhaustiva de toda la documentación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
El Gobierno de Aragón pretende personarse «para defender los intereses de Aragón, de todos los aragoneses, ante situaciones que se puedan llevar a cabo por esta empresa y que nos conviertan en víctimas con la colaboración de esos altos cargos de Gobiernos socialistas» de España y Aragón.
Compromiso con la Legalidad y el Medioambiente
Mar Vaquero ha subrayado que lo que se busca es que las cosas se hagan bien y que el INAGA no sea un instrumento para favorecer o apoyar conductas corruptas. «Queremos que sea un organismo que facilite la actividad económica, el control medioambiental y el cumplimiento de la legislación», afirmó.
«Son hechos muy graves», ha dicho en referencia a la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil y el Juzgado número 1 de Teruel sobre la evaluación ambiental de proyectos de energías renovables promovidos por Forestalia «durante la etapa del Gobierno socialista anterior». Vaquero hizo hincapié en que «el foco» está en el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y podría extenderse al Ejecutivo regional que fue dirigido por el PSOE, además de estar potencialmente relacionado con otros casos de corrupción ya judicializados.
Total Transparencia en el Proceso Judicial
La personación en la causa judicial permitirá al Gobierno de Aragón tener acceso a toda la documentación que será examinada así como conocer el estado del procedimiento en cada momento.
Vaquero destacó la «colaboración» del equipo de Jorge Azcón con la autoridad judicial y la Guardia Civil para facilitar cualquier tipo de información. También recordó que Azcón había señalado su intención de poner en marcha una comisión de investigación en las Cortes de Aragón y revisar «todos y cada uno de los documentos que existan en cualquier organismo y que puedan tener relación con estos hechos».
Respeto a las Decisiones Judiciales
La vicepresidenta dejó claro que el Gobierno de Aragón «no ha tenido participación en la tramitación» del proyecto del Clúster del Maestrazgo, que también está siendo objeto de investigación judicial. Ocupando una postura de respeto, manifestó que el Ejecutivo regional espera a que la justicia resuelva el caso.
Además, resaltó la importancia de respetar los tiempos de trabajo de la Justicia y la Policía, quienes están llevando a cabo «un exquisito trabajo». En este sentido, reclamó «control, transparencia y seguridad jurídica» en cualquier aspecto relacionado con los proyectos de energías renovables.
Reformas y Cambios en el INAGA
El Gobierno autonómico se encuentra «alineado» con las recomendaciones de la Cámara de Cuentas en esta materia. Vaquero mencionó que Azcón había prometido en la campaña electoral reformar los mecanismos de control, transparencia y seguridad jurídica del INAGA, además de explicar que el PP había denunciado prácticas irregulares en la tramitación de proyectos de renovables.
También se informó que Azcón cambió la dirección del INAGA, reforzó los recursos personales y evitó la «purga de funcionarios que se negaban a participar en ciertas prácticas». La DGA ha enviado a la Cámara de Cuentas toda la documentación requerida en relación a este caso, aunque se presentaron dificultades debido a la incompatibilidad de los sistemas informáticos.
El Futuro del INAGA
En cuanto a la posible reconversión del INAGA en una Dirección General del Gobierno de Aragón, planteada por algunos grupos ecologistas, Vaquero opinó que el INAGA debe ser «útil» para impulsar la actividad económica y el control medioambiental, manteniendo «rigor, transparencia y seguridad jurídica, independientemente de su denominación institucional». Asimismo, elogió a los «auténticos profesionales» del INAGA, lamentando la «tensión» que están viviendo en la actualidad.