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GRANADA, 15 de marzo (EUROPA PRESS) – La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene señalado para este lunes el juicio de un caso en el que la Fiscalía ha pedido nueve años de prisión para dos hombres acusados de intentar matar a un tercero. Este último habría sido apalizado en la vía pública en la noche del 10 de diciembre de 2023 en la capital granadina. Posteriormente, los agresores le habrían golpeado en la cabeza con un martillo y apuñalado «de forma simultánea» en el tórax y extremidades.
Los acusados, según los informes, habrían amenazado a la víctima diciéndole «que lo iban a matar», antes de darse a la fuga cuando una persona que acompañaba a la víctima llamó a la policía, conforme a lo indicado en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía.
Los dos hombres, de nacionalidad marroquí, han estado privados de libertad por esta causa desde el 11 de diciembre de 2023, un día después de los hechos. La Fiscalía solicita que se sustituya la pena de cárcel en su caso por la «expulsión» del territorio nacional «cuando accedan al tercer grado o se les conceda la libertad digital».
Ambos están procesados por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa y se hallaban acompañados, supuestamente, por un tercero que se encuentra huido de la justicia. La víctima estaba en compañía de otras cuatro personas cuando los agresores se acercaron a ellos.
La Fiscalía detalla que «tras iniciar una conversación», ambos acusados, «guiados por el deseo de acabar con la vida de este», aprovecharon la circunstancia de ser dos atacantes y de portar uno de ellos «un martillo y una navaja de grandes dimensiones» y el otro «unas tijeras y un cuchillo», comenzando a golpearlo en la cabeza y por el cuerpo.
Por lo tanto, el fiscal ha pedido que se considere en la condena la circunstancia agravante de abuso de superioridad. Después de golpearle, el que portaba el martillo le habría golpeado en la cabeza con esta herramienta y posteriormente habrían procedido al apuñalamiento.
Finalmente, el ministerio público ha solicitado diez años de prohibición para que los acusados se acerquen a menos de 200 metros de la víctima, cuya vida se vio comprometida a causa de las lesiones sufridas.