La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha enviado una carta a la ministra Pilar Alegría solicitando su intervención ante el Ministerio de Igualdad para revertir el recorte del 25% en los fondos del Plan Corresponsables. Según Hernández, este recorte implicaría que las Comunidades Autónomas deban cofinanciar el plan, lo que considera una carga injusta dado que ya hay recursos comprometidos para otras iniciativas en favor de la conciliación.
Hernández ha enfatizado que el Gobierno de Aragón no está dispuesto a aceptar cofinanciaciones que nunca se habían planteado anteriormente y que el Ministerio de Igualdad debería mantener su compromiso total con el Plan Corresponsables. La consejera ha recordado que el Ministerio de Igualdad dispone de un presupuesto completo para este plan y ha exigido claridad sobre el destino de esos fondos.
Argumentos del Gobierno de Aragón
La consejera ha manifestado que el Gobierno de Azcón no está introduciendo ningún copago en la educación aragonesa, a diferencia de lo que podría ocurrir si se impone una cofinanciación obligatoria. Esta situación podría llevar a que las familias asuman mayores costos en relación con las políticas de conciliación.
Además, Hernández ha señalado que, durante la reunión sectorial, la ministra de Igualdad solo afirmó que el dinero se quedaría en el ministerio, lo que genera dudas sobre la efectividad del uso de esos recursos. “Si realmente al Ministerio de Igualdad le interesa la conciliación, esa partida debe ser utilizada completamente para lo que estaba previsto”, afirmó.
Rechazo a la Cofinanciación
El rechazo a la cofinanciación por parte del Gobierno de Aragón se fundamenta en que es una imposición del ministerio que llega en un momento crítico, a mitad del año presupuestario, afectando los recursos que ya se habían destinado a conciliación. Hernández afirmó: “No es una negativa a aportar lo que nos corresponde, sino que es una imposición del ministerio para un programa que nunca se había cofinanciado”.
En lo que respecta a la educación rural, la consejera sostiene que no se verá perjudicada, ya que está previsto que reciba una mayor compensación, garantizando que ningún alumno que necesite acceder a estos programas tenga que enfrentar un gasto excesivo. Hernández también recordó que la conciliación es una competencia compartida entre el ministerio y las comunidades autónomas, sugiriendo que, si se entiende de esta forma, el ministerio no debería asumir el cien por cien del financiamiento desde el inicio del programa.