ZARAGOZA, 16 sep. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Aragón ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que regula la eficiencia energética y la sostenibilidad en los centros de datos.
La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha Explicado que «el Gobierno autonómico defiende las inversiones tecnológicas estratégicas y reclama una regulación para centros de datos equilibrada, que garantice sostenibilidad sin frenar la inversión».
En sus alegaciones, el Ejecutivo aragonés ha apuntado que la comunidad autónoma se ha consolidado como uno de los principales hubs de centros de datos del sur de Europa, con inversiones proyectadas que superan los 48.000 millones de euros. Esta situación posiciona a Aragón de manera estratégica para liderar la transformación digital y fortalecer la soberanía tecnológica de España.
Desde el Gobierno de Aragón, se ha señalado que el volumen de inversiones indica que no se trata de una situación pasajera ni limitada a una comunidad específica. «Requiere de una estrategia nacional con el potencial de transformar el papel de España en el ecosistema digital europeo», advierten, insistiendo en que «no se puede restringir el acceso a la red eléctrica por el sector económico o actividad a la que pertenece la industria» que solicita dicho acceso.
Oportunidad histórica
El Gobierno considera que «la implantación de centros de datos es una oportunidad histórica para el desarrollo económico, la generación de empleo de calidad y la modernización del tejido productivo, que va más allá del ámbito autonómico». A pesar de que Aragón ha sabido capitalizar sus ventajas para atraer inversiones internacionales, los beneficios derivados de estas inversiones se extienden a toda España.
Por cada inversión en la comunidad aragonesa, se impulsa el desarrollo digital del país, fortaleciendo la cohesión territorial y posicionando a España como un referente tecnológico en el sur de Europa. Esto tiene implicaciones clave en empleo, innovación, competitividad y soberanía digital.
A pesar de este compromiso, el Gobierno ha declarado que «Aragón está comprometida con la eficiencia energética y la sostenibilidad de los centros de datos, pero con una regulación rigurosa y equilibrada». Advierte que «perder esta oportunidad por un exceso de trabas normativas sería una irresponsabilidad histórica, ya que no solo se pondría en riesgo el futuro económico de una Comunidad Autónoma que está liderando esta transformación, sino también el posicionamiento internacional de España en sectores clave».
Alineados con la normativa europea
El Gobierno de Aragón hace un llamado a «una regulación que siga las directrices de Europa, que impulse y no frene, que proteja sin paralizar y que esté alineada con los objetivos estratégicos del país en digitalización y competitividad». En este sentido, advierte que «si el Real Decreto establece requisitos excesivos, podría afectar principios clave como la seguridad jurídica y la proporcionalidad, desincentivando la inversión y dificultando la competitividad».
Se teme que una normativa demasiado rígida pueda causar que España pierda competitividad frente a otros países europeos, alejando inversiones, talento y empleo cualificado. Además, se alerta que el proyecto «pondría en riesgo la soberanía tecnológica al debilitar infraestructuras clave como los centros de datos, que son críticos para la gestión y almacenamiento de datos».
Extralimitación competencial
Desde el Gobierno de Aragón creen que el Real Decreto podría incurrir en una extralimitación competencial en materia de energía. La regulación de esta materia es compartida, de acuerdo con la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón, que reconoce la facultad de la Comunidad Autónoma de desarrollar y ejecutar la legislación básica estatal.
Se argumenta que el Real Decreto establecería una serie de obligaciones que se extralimitan de lo dispuesto en diversas leyes, introduciendo un trato discriminatorio en el acceso a las redes en función del tipo de consumo. Esto contraviene las directivas de electricidad que prohíben dicha discriminación, ya que pondría en riesgo los principios de no discriminación y acceso abierto que rigen el mercado energético europeo.
Asimismo, el Real Decreto atenta contra la previsión europea de mantener la confidencialidad de indicadores clave de rendimiento de cada centro de datos, lo que, según se apunta, situaría a España en una indudable pérdida de competitividad.
Criterios de imposible cumplimiento
El proyecto de Real Decreto también pretende convertir el Código de Conducta Europeo, actualmente una iniciativa voluntaria para fomentar la eficiencia energética, en un requisito obligatorio para invertir en centros de datos en España. Esto distorsionaría su naturaleza y excede el marco de la Directiva, incrementando las dificultades a la competitividad nacional respecto a la atracción de proyectos.
En resumen, las exigencias del proyecto no solo son cuestionables jurídicamente por imponer cargas adicionales, desviarían inversiones hacia otros países y constituirían criterios de difícil o imposible cumplimiento práctico. Por ejemplo, se menciona la presentación de un plan de aprovechamiento del calor residual y un análisis de costes y beneficios, antes de garantizar el acceso a la energía.
El Gobierno de Aragón insiste en que debe fomentarse la utilización del calor residual, propiciando que este análisis se tramite paralelamente a la autorización para la ejecución de las obras, y no como un requisito previo para obtener la licencia y acceso a la red.