PAMPLONA, 25 de marzo (EUROPA PRESS) – El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha afirmado este miércoles que no comparte el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) que considera nula de pleno derecho la adjudicación de 62 VPO en Erripáinaga a la UTE Acciona-Servinabar en el año 2018, cuando él era gerente de la sociedad pública Nasuvinsa.
En su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, Aierdi ha resaltado que la OANA le merece «el máximo respeto, pero creo que en este caso hay organismos que se crearon con mucha más antelación, que tienen mucha más experiencia histórica, y estoy hablando de Comptos, de la propia Intervención General del Gobierno de Navarra, y de los servicios jurídicos de la Corporación Pública Empresarial de Navarra, que tienen una opinión contraria a la de la OANA».
Aierdi ha explicado que recibió el informe de la OANA sobre las 62 VPO de Erripáinaga con «sorpresa e indignación por la calificación ante determinados hechos que se evalúan en ese informe, y en absoluto compartí el contenido de ese informe».
El consejero ha indicado que «en el momento en el que la OANA hace el informe no se había acreditado por parte de Nasuvinsa la existencia de la resolución que autoriza por parte del Gobierno de Navarra a la contratación de esas obras de 62 VPO». Según Aierdi, «el argumento de la OANA de esa ausencia de autorización para contratar es erróneo porque se acredita con posterioridad que esa autorización constaba en una resolución de 27 de diciembre de 2018 del consejero de Inclusión y Protección Social».
Aierdi ha considerado, por tanto, que «la conclusión jurídica no es correcta, porque la OANA disponía de una información que no es correcta, y la conclusión jurídica cierta es que esa promoción tenía la autorización en tiempo y regla para acometerse».
El parlamentario de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, le ha preguntado por la ausencia de actuaciones preparatorias del contrato o la falta de nombramiento de presidencia en la mesa de contratación, tal y como advirtió la OANA. Respecto a esto, Aierdi ha respondido que «la ley foral de contratos públicos no se aplica a los procedimientos que siguen las sociedades públicas, sí a las administraciones públicas, y en el momento en el que se aprueba esa contratación la legislación vigente no establecía la obligación de nombrar un presidente en las mesas de licitación, por lo tanto, no puedo compartir la posición de la OANA en este sentido».
Insistiendo en esta línea, Aierdi ha afirmado que en Nasuvinsa «había una asesoría jurídica que seguía las instrucciones que se le establecían desde la Corporación Pública Empresarial de Navarra». «Todas las sociedades públicas dependen de la CPEN y creo que quedó bastante acreditado por parte de los responsables de esta entidad que el criterio general con respecto a las contrataciones del conjunto de sociedades públicas del Gobierno era el mismo, y el criterio de esos responsables jurídicos era que ese apartado de la ley foral de contratos no afecta a las sociedades públicas», ha indicado.
El exgerente de Nasuvinsa ha señalado que «es normal que los servicios jurídicos de una de las sociedades públicas de la CPEN utilicen los criterios que se les indican desde el Gobierno de Navarra, desde la Corporación, desde Comptos». «Eso es lo coherente. Lo incoherente sería que se saltaran esas instrucciones», ha considerado.
José Mari Aierdi ha reconocido que la ausencia de actas de la mesa le pareció un hecho «relevante, evidentemente, que lógicamente no comparto y que me llevó a interesarme por esta cuestión». «El secretario en aquel momento de la mesa me insiste en que esas actas existieron y que lo que no han conseguido es encontrarlas», ha afirmado, señalando que es «una deficiencia del procedimiento».