MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) – Bomberos y agentes forestales han convocado una manifestación para el próximo 24 de septiembre en Valladolid para «proteger los bosques». El acto comenzará a las 12:00 y tendrá lugar en la Cúpula Milenio de la Delegación de Gobierno de Castilla y León. Así, los profesionales interpelan a la sociedad a reclamar con ellos una mayor estabilidad laboral para el sector de extinción de incendios, más medios y mejores condiciones.
«No se convoca solamente al colectivo de extinción de incendios, sino a toda la sociedad. Esto implica a toda la sociedad. La mala gestión, la precariedad, la mala gestión la sufre toda la sociedad, no solo un colectivo», ha recalcado el portavoz del Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de UGT de Servicios Públicos, Javier García.
Durante su intervención, ha explicado que UGT propone una «gestión integral» de los bosques, donde prevalezca la conservación y la protección de los montes ante las cuestiones económicas. A su juicio, el servicio de extinción de incendios debería ser público y no «un negocio para nadie».
Entre otras cosas, ha reclamado la implementación «real» de las leyes básicas tanto de bomberos forestales como de agentes medioambientales. Asimismo, ha recalcado la importancia de garantizar la estabilidad del empleo en el sector y ha hablado de cómo las jornadas de trabajo «no pueden sobrepasar las doce horas».
EN VALLADOLID SE HAN VISTO «LAS COSTURAS» DEL SISTEMA
Por su parte, el coordinador de bomberos forestales de Comisiones Obreras (CCOO), Carlos Martín, ha explicado que han decidido llevar a cabo la manifestación en Valladolid debido a que en esta provincia «se ha visto de una manera muy clara las costuras de un sistema mal organizado, mal preparado, mal equipado».
Al igual que García, ha reivindicado que haya una mayor estabilidad laboral entre los bomberos y los agentes forestales y ha puesto como ejemplo cómo «hasta un 40% de los 22.000-23.000 bomberos se va al paro a lo largo de septiembre y octubre; evidentemente aquí se quedan muchísimos trabajos por realizar a lo largo del invierno».
Además, ha hablado de hacer cumplir aspectos del Sistema Nacional de Protección Civil, así como de la directriz básica de emergencias por incendio forestal. A su juicio, se necesita también una revisión de cara a la prevención.
«Sabemos que no se ejecutan en torno a más de un 15-16% de las labores preventivas que se deberían de ejecutar para proteger pueblos, infraestructuras o simplemente zonas de oportunidad para tener mayor seguridad a la hora de intervenir en incendios forestales», ha denunciado.
LA NATURALEZA NO PUEDE SER UN NEGOCIO
El portavoz del Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de UGT de Servicios Públicos, Juan María Antón, ha apuntado que se manifestarán en Valladolid ya que el de Castilla y León es un «modelo malo de gestión» forestal. «La naturaleza no puede ser un negocio», ha recalcado.
Durante su intervención, ha hablado de cómo el colectivo era «la guardería forestal» del Estado. Sin embargo, las transferencias a las CCAA han supuesto una «erosión tremenda» al sector. «Si no se apuesta por la vigilancia ambiental que ejercemos, porque somos una policía administrativa y una policía judicial, si no se apuesta por ese modelo de trabajador público, pues no se está apostando por la naturaleza», ha subrayado.
Más allá de ello, ha vuelto a incidir en que hay que desarrollar las leyes de bomberos y agentes forestales y ha pedido desarrollar una planificación a medio y largo plazo.
LAS MODAS SON PASAJERAS, PERO LOS INCENDIOS NO
El coordinador de agentes forestales en CCOO, Jorge Nieto, ha indicado que el colectivo convoca la manifestación del día 24 para que no decaiga la atención pública sobre los incendios. «Las modas son pasajeras pero los incendios no son pasajeros», ha avisado.
A su vez, ha apuntado a que algunas CCAA, entre ellas Castilla y León, están tomando «derroteros» que no les gusta en lo que se refiere a la extinción de incendios. «Llevan 20 años haciendo lo mismo y su solución es hacer lo mismo. Vamos a manifestarnos para que eso cambie y que eso se haga extensible al resto de CCAA que tienen modelos similares a eso», ha detallado.
Al margen de ello, ha indicado que el colectivo tiene que estar presente en la Agencia Estatal de Protección Civil propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco del Pacto de Estado contra la Emergencia Climática. «Creo que este verano ha servido para poner frente al espejo, a la sociedad, pero sobre todo a los malos gestores políticos. La realidad es la que es y no podemos mirar a otro lado», ha recalcado.
APOSTAMOS POR LA GESTIÓN DIRECTA, COMO EN EXTREMADURA O EN CANTABRIA
Ante preguntas de los periodistas, los distintos portavoces han hablado de cómo este verano se han encontrado con dotaciones incompletas de extinción de incendios: «200 puestos sin cubrir en Extremadura, otros tantos en Andalucía, otros tantos en la Comunidad Valenciana», han explicado.
En este sentido, han denunciado situaciones en las que unidades básicas de intervención que tienen que tener siete componentes se reducen a «cinco, cuatro o incluso a tres». «Y algunas autobombas donde solo tienen al conductor. Esto, operativamente, es muy difícil de atender la emergencia adecuadamente y, sobre todo, un riesgo para el trabajador, claro», han lamentado.
En lo que respecta a CCAA en concreto, han denunciado el modelo de Castilla y León, donde el 30% del colectivo está gestionado por «entre 30 a 35» empresas privadas. Por esta parte, también han hablado de cómo el dispositivo de extinción de incendios en Murcia también está gestionado a través de una empresa privada y de cómo la Comunidad de Madrid también tiene un modelo mixto.
«Nosotros apostamos por un modelo de gestión directa y pública, como puede ser Extremadura o como puede ser Cantabria», han recalcado.
Por otro lado, han destacado cómo el porcentaje de fuegos iniciados por incendiarios y de pirómanos es «muy similar» al de los incendios por causa natural, es decir, entre un 4 y un 6%. A su juicio, el «mayor problema» no son ellos, sino el «80%» de fuegos iniciados por accidentes o negligencias.
«En cualquier caso, lanzo la reflexión. Si no hay inspectores ambientales, si no hay agentes forestales sobre el terreno, ¿quién va a hacer las investigaciones? ¿Quién va a perseguir el delito? ¿Quién va a acoger a esos posibles casos de piromanía o de incendiarios?», han indicado.