La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Bruselas es una iniciativa destinada a mejorar la calidad del aire y a reducir la contaminación provocada por el tráfico rodado. El objetivo principal es restringir de manera progresiva la circulación de los vehículos más contaminantes dentro de la Región de Bruselas-Capital, que incluye los 19 municipios de la ciudad.
No obstante, algunas de estas medidas habían sido postergadas por una ordenanza. El Tribunal Constitucional de Bélgica ha decidido suspender cautelarmente dicha normativa, argumentando que el retraso en su implementación daña la salud y el medio ambiente en la capital belga.
La necesidad de activar la ZBE de Bruselas
Hoy, el Tribunal Constitucional ha dictado una suspensión cautelar de la ordenanza que postergaba ciertas medidas de la zona de bajas emisiones, al considerar que constituye un retroceso injustificado en materia de protección de la salud y del medio ambiente. En concreto, el tribunal destacó que las medidas propuestas podrían agravar los problemas de salud de uno de los demandantes, un niño que padece asma crónica y alergias.
El texto suspendido por la corte, que había sido aprobado por el Parlamento de la región de Bruselas, incluía un aplazamiento de dos años para los últimos hitos de esta iniciativa. Entre estas, se encontraba la prohibición de circulación de coches diésel conformes a la norma de emisiones Euro 5 y coches de gasolina conforme a la norma Euro 2 a partir del 1 de enero de 2025.
La razón del retraso era, según los defensores del mismo, aliviar a los bruselenses más desfavorecidos, quienes tendrían que adaptar su movilidad o cambiar de vehículo. Sin embargo, diversas organizaciones ecologistas, federaciones médicas, la Liga de los Derechos Humanos y ciudadanos afectados decidieron llevar el caso a los tribunales.
El tribunal reconoció que el aplazamiento del calendario perjudicaba gravemente la salud de los bruselenses. Un miembro de la organización Chercheurs d’Air (Buscadores de Aire), Pierre Dornier, expresó su satisfacción ante la decisión tomada hoy.
La sentencia también fue bien recibida por el responsable de Salud y Medioambiente de Bruselas, Alain Maron, quien recordaba que ya había advertido sobre los riesgos asociados al retraso, afirmando que el sistema de bajas emisiones mejora la calidad del aire en Bruselas, beneficiando así la salud de sus habitantes, especialmente de las personas más vulnerables.
Según Maron, el Tribunal Constitucional se alinea con estos argumentos, citando el derecho constitucional de todos a un entorno saludable y el derecho a la salud. La suspensión dictada por el tribunal permanecerá en vigor hasta que se pronuncie sobre el asunto principal en el recurso de anulación.
