La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha solicitado que la reducción de la deuda de las comunidades autónomas (CCAA) se utilice para incrementar las inversiones en políticas sociales. Este requerimiento se ha planteado en el contexto del creciente gasto en servicios sociales en Canarias, que se ha incrementado un 35,5% entre 2019 y 2024, representando un total de 883,3 millones de euros, según un estudio realizado por la misma asociación. Este informe también destaca que, desde 2010, los fondos destinados a Sanidad, Educación y Servicios Sociales han disminuido en 8,3 puntos porcentuales.
En el año 2024, el archipiélago dedicó el 62,2% de su presupuesto a políticas sociales, aunque sigue siendo la undécima comunidad en gasto por habitante, con un total de 3.363,3 euros. Comparado con 2009, el gasto social ha crecido un 48,2%, lo cual se traduce en 883,5 euros por habitante. En cuanto al desglose por áreas, en los últimos cinco años, el presupuesto en sanidad ha crecido un 31,9% (1.052 millones más), en educación un 35,2% (615,9 millones) y en servicios sociales un impresionante 71,5% (302,4 millones).
Ante esta situación, la Asociación ha demandado que el costo del pago de la deuda de las CCAA se redirija hacia las políticas sociales, ya que en 2024 estas han sufrido un recorte de 2.364 millones de euros. El coste de la deuda ha aumentado en 2024 en 315 millones de euros respecto al año anterior, alcanzando el 15,29% del presupuesto total de las CCAA, lo que implica un gasto de 40.640 millones de euros, cifra que duplica lo destinado a Servicios Sociales y representa el 50% de lo que se dedica a Sanidad.
La asociación argumenta que una reducción del costo, gracias a la quita de casi 85.000 millones de euros de la deuda, permitiría un «gran refuerzo» de las políticas sociales en sanidad, educación y servicios sociales, con el objetivo de encontrar recursos para recuperar recortes anteriores.
El informe subraya las desigualdades en el gasto social entre las distintas comunidades. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid es la que menos invierte en políticas sociales, con 574 euros menos por habitante que la media nacional. En cambio, Navarra (4.500 euros), País Vasco (4.343,5 euros) y Extremadura (4.124,1 euros) son las regiones con mayor inversión por habitante.
Se destaca también que desde 2010, el destino de cada dos de cada tres euros se ha reducido en 8 puntos porcentuales en 2024. A pesar de que los presupuestos de las CCAA aumentaron en 9.753 millones, la cifra dedicada a políticas sociales se redujo en 2.364 millones en 2024.
Entre 2014 y 2020, se registraron incrementos en los presupuestos líquidos de conjunto de las comunidades autónomas, alcanzando 159.339,8 millones en 2023. Sin embargo, el informe también advierte de un posible estancamiento en 2024 y 2025 debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado, sumado a la disminución desde 2010, donde el porcentaje destinado a estas políticas era del 67,4%, comparado con el 59,1% de 2024.
Los responsables de servicios sociales enfatizan que, aunque la crisis sanitaria y social ocasionada por la COVID-19 ha demostrado la necesidad de gastar más en servicios públicos esenciales, el incremento de los fondos asignados a estas áreas ha sido de solo un 14,5% entre 2020 y 2024, mientras que en otras políticas el aumento fue del 62% en el mismo período.
Gasto por Habitante
La Asociación también reconoce que, en los últimos cinco años, todas las CCAA han incrementado su inversión por habitante en políticas sociales, aunque no de manera uniforme. Extremadura (+37,9%), Canarias (+35,7%) y Navarra (+35,3%) se destacan por sus aumentos, mientras que Cataluña, Murcia y Madrid han visto un crecimiento menor.
Las variaciones en el gasto por habitante oscilan entre los 2.703 euros de la Comunidad de Madrid y los 4.500 euros de Navarra o los 4.343 euros del País Vasco. En las comunidades de Régimen Común, destacan Extremadura (4.124 euros), Asturias (3.960 euros) y Cantabria (3.702 euros). A la baja se encuentran Andalucía (3.158 euros), Cataluña (2.941 euros) y la Comunidad de Madrid (2.703 euros).
El mayor descenso en el porcentaje destinado a sanidad se registró entre 2012 y 2024, pasando del 37,3% al 30,9%. En cuanto a educación, se redujo del 23,9% del presupuesto en 2010 al 20,4% en 2024. Por otro lado, los servicios sociales fueron la única área que vio un incremento en su porcentaje del presupuesto autonómico, aunque solo de cinco décimas más en 2024 (7,8%) en comparación con 2011 o 2019 (7,3%).
Pago de la Deuda
La entidad ha señalado que, en los últimos cinco años, la estabilidad económica ha permitido destinar presupuesto a otras áreas en lugar de al pago de la deuda, que «sólo» ha aumentado en 29,14 euros por habitante, a diferencia de períodos anteriores donde se registraron incrementos significativos.
Los gerentes han advertido que el mayor aumento de los presupuestos en los últimos cinco años no ha ido dirigido a políticas sociales, lo cual indica que los presupuestos de las CCAA son cada vez menos sociales.
Según los datos, mientras el aumento en otras políticas fue del 42,1%, el incremento total en políticas sociales fue del 28,2% —39,2% en Servicios Sociales, 30,1% en Sanidad y 27,1% en Educación—.
En conclusión, el costo de la deuda en 2024 ha aumentado en 315 millones de euros respecto al año anterior, alcanzando un 15,29% del presupuesto total de las comunidades autónomas, con un coste de 40.640 millones de euros, cifra que duplica lo que se gasta en Servicios Sociales y representa el 50% de lo que se dedica a Sanidad.