La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha expresado su rechazo ante el intento del Ministerio de impulsar iniciativas como el Real Decreto sobre la capacidad de los sistemas de protección «sin el consenso necesario de las comunidades autónomas». Esta afirmación fue realizada durante una declaración pública en Santander el 8 de abril de 2026.
Gómez del Río ha rechazado participar en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, previsto para el mismo día, argumentando que la convocatoria incumple el procedimiento legal establecido. La consejera ha señalado que la falta de respeto al orden del día previamente aprobado por la Comisión Sectorial podría invalidar cualquier medida adoptada en ese encuentro.
«No podemos participar en una reunión que no respeta las normas básicas de funcionamiento de los órganos colegiados. El orden del día debe ser acordado previamente y no puede modificarse de forma unilateral», ha manifestado la consejera.
Además, el Gobierno de Cantabria ha expresado su preocupación por el modelo de reparto de menores migrantes no acompañados que está siendo impuesto por el Gobierno de España. Según Gómez del Río, el actual modelo de distribución está siendo implementado sin una planificación adecuada, sin tener en cuenta los recursos disponibles en cada comunidad autónoma y careciendo de la financiación suficiente, lo que obstaculiza una atención adecuada.
«Es imposible proteger adecuadamente a un menor si se le traslada como si fuera mercancía, sin una evaluación individualizada de su situación ni la garantía de los fondos necesarios para su atención integral», destacó la consejera.
El Ejecutivo autonómico también ha advertido que el sistema de protección en Cantabria, al igual que en otras regiones, se encuentra colapsado y rechaza que se realicen traslados sin la dotación económica adecuada. «No se puede garantizar el interés superior del menor si no se evalúa su situación individual ni se aseguran los recursos necesarios para su atención integral», enfatizó Gómez del Río.
En defensa de las competencias autonómicas, el Gobierno de Cantabria ha recordado que estas comunidades tienen competencias exclusivas en materia de asistencia social y protección de menores, considerándose así las decisiones del Ejecutivo central como una invasión competencial. Se subraya la importancia de realizar los procesos de traslado de menores con todas las garantías requeridas, lo que incluye la motivación adecuada de las decisiones y la evaluación individualizada de cada caso.
La consejera ha resaltado que «los menores no pueden ser objeto de decisiones administrativas sin un análisis individualizado de sus circunstancias personales, familiares y sociales», perpetuando así la idea de que el interés superior del menor debe regir la actuación del Estado en estos temas.
Por otro lado, el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha manifestado su preocupación por el marco normativo y de gestión en materia de protección de menores migrantes no acompañados. Se ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 2/2025, al entender que este invade competencias exclusivas de la comunidad autónoma.
Además, el Gobierno autonómico ha recurrido ante la Audiencia Nacional varios reales decretos estatales relacionados con la gestión de situaciones de contingencia migratoria y la determinación de la capacidad ordinaria de los sistemas de protección autonómicos. De forma paralela, se han presentado recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de traslado de menores, ya que se considera que no se están garantizando las motivaciones adecuadas ni la evaluación individualizada de cada expediente.
En este contexto, el Gobierno de Cantabria reitera que cualquier actuación relacionada con los traslados debe respetar el interés superior del menor, garantizando la seguridad jurídica y evitando procedimientos automatizados o sin la fundamentación individualizada necesaria.
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