En la tarde del 18 de marzo de 2023, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), realizó declaraciones sobre el colapso de la pasarela de El Bocal, donde fallecieron seis jóvenes. Casares destacó que el Gobierno de España había recepcionado únicamente la parte de la senda costera que estaba completa, lo que implica que el Ayuntamiento de Santander es responsable de su mantenimiento.
El delegado se pronunció acerca de un aviso previo sobre el mal estado de la pasarela que recibió una agente de la Policía Local, quien no tomó las medidas adecuadas un día antes del trágico incidente. «No podemos permitir que se cargue la responsabilidad en un funcionario o un policía local», afirmó Casares, sugiriendo que la responsabilidad recae en el Ayuntamiento de Santander. Además, indicó que un juzgado será el encargado de determinar las responsabilidades pertinentes.
Tras su reunión con el comité de empresa de Solvay, Casares comentó que el Gobierno de España ha remitido información a la jueza del caso, asegurando su completa colaboración. «Si durante el proceso se requiere más información, la enviaremos», prometió, al tiempo que resaltó la importancia de mantener el respeto hacia las víctimas y sus familias.
En su intervención, Casares reafirmó que la parte de la obra que se había realizado estaba finalizada y que el Gobierno de España había sido quien financió y llevó a cabo la obra. Por lo tanto, aseguró que es el Gobierno quien debe asumir la recepción de la obra, no el Ayuntamiento de Santander.
El delegado del Gobierno también subrayó un compromiso por escrito del Ayuntamiento de Santander de encargarse del mantenimiento de la senda una vez finalizada. “Es competencia del Ayuntamiento asumir esas responsabilidades”, reiteró.
Casares expresó su preocupación sobre la gestión del Consistorio en relación a la obra, cuestionando por qué se permitía el uso de la senda costera si la misma no se encontraba recepcionada y además, supuestamente peligrosa. «Es competencia exclusiva del Ayuntamiento de Santander hacerlo», concluyó.
Finalmente, hizo hincapié en la falta de acción del Ayuntamiento el día anterior al accidente, cuando la Policía Local recibió un aviso del 112. “No se actuó por la falta de protocolos,” sostuvo Casares, insistiendo en que la culpa no recaerá en el último policía de la línea, sino en la administración local misma.
El delegado sentenció que su intención de aclarar estos aspectos es “por respeto a las seis víctimas” y destacó la necesidad de que todas las administraciones actúen con responsabilidad para prevenir futuros incidentes similares.