La plataforma Conceyu contra la Incineración ha emitido una nota de prensa en la que expresa su preocupación por la concesión reciente del Gobierno asturiano a la empresa pública Hunosa, que ha recibido la autorización administrativa previa y la autorización de construcción para el proyecto de transformación de la central térmica de La Pereda, ubicada en Mieres. Este anuncio se realizó de manera sorpresiva, un viernes a las 14:30 horas, lo cual ha llevado a la plataforma a cuestionar la intentona del Gobierno por minimizar la importancia de una sentencia judicial que anuló la modificación de la autorización ambiental previa.
Inquietudes sobre la nueva autorización
Los miembros de Conceyu contra la Incineración consideran que la autorización otorgada por el Gobierno no ha evaluado adecuadamente los problemas que conlleva. Argumentan que esta acta disminuye el significado de la evaluación de impacto ambiental, tratándola como un mero trámite sin importancia. Además, alertan sobre la falta de una adecuada información pública y de participación ciudadana, que es obligatoria en este tipo de procesos, y que, según indican, en este caso no se ha realizado.
La plataforma también critica al Gobierno asturiano y a Hunosa por su falta de atención a los problemas subyacentes. Afirman que la nueva autorización «dice muy poco» en favor del Principado, sugiriendo que debería ser la administración encargada de velar por la legalidad y el bienestar ambiental.
Consecuencias de la quema de residuos
Conceyu contra la Incineración destaca que la quema de residuos y biomasa no es simplemente una modificación sustancial de la actividad de la central térmica, como Hunosa ha intentado presentar, sino que representa una nueva actividad de coincineración. Esta distinción es critica, ya que implica un cambio en el tipo de operaciones que se llevarán a cabo.
La plataforma se reafirma en su compromiso de prevenir la quema de basura en Asturias, instando a los grupos políticos y al Gobierno del Principado a desarrollar alternativas modernas y sostenibles para la gestión de residuos. En su declaración, enfatizan que es «inadmisible» que tras décadas de inacción en la materia, la situación actual esté muy lejos de cumplir con los objetivos legales de reciclaje. Además, denuncian que el Plan de Residuos está caducado y que se busca ocultar las deficiencias en la gestión de residuos a expensas de la salud de los habitantes y del medio ambiente.
La situación se torna crítica para la comunidad asturiana, que observa con preocupación cómo la gestión de residuos podría afectar tanto a la salud pública como a la conservación del entorno natural en el que viven.