La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios de comunicación antes de clausurar el proyecto itinerante ‘Formación en Ruta’ – Gustavo de la Paz –
A CORUÑA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) – La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avanzado que si la Xunta presenta finalmente el programa anunciado por el presidente autonómico, Alfonso Rueda, para reforzar el control sobre los posibles casos de fraude en las bajas laborales, el Ejecutivo central interpondrá recurso ante el Tribunal Constitucional.
En el Debate sobre el Estado de la Autonomía, Rueda hizo mención de que presentarán «en las próximas semanas» un programa «integral» que aspira a reforzar el control sobre los posibles casos de fraude en las bajas laborales, con especial atención a las enfermedades musculoesqueléticas o de «psiquiatría menor». También se prevé «reforzar el papel de las mutuas» en la revisión de las incapacidades temporales.
«Es ilegal», ha sentenciado Yolanda Díaz en declaraciones a los periodistas justo antes de clausurar el proyecto itinerante ‘Formación en Ruta’, desarrollado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y la Fundación Laboral de la Construcción.
Respecto a esta medida, ha expresado que si la Xunta continúa con la iniciativa, el Gobierno central presentará un recurso de inconstitucionalidad «por invasión competencial». Díaz enfatizó que esta medida «mata dos pájaros de un tiro», ya que pone en cuestión la profesionalidad de los sanitarios públicos, afecta la gestión de la sanidad y privatiza los servicios.
Además, la vicepresidenta segunda ha argumentado que dicha regulación supondría una privatización «más» de aspectos fundamentales relacionados con la salud de los trabajadores y trabajadoras. Ha recalcado que «la competencia, en primer lugar, es de los médicos y las médicas que decretan las bajas médicas en dos materias de mucha sensibilidad» y ha reiterado la posibilidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad si la Xunta sigue adelante con esta medida.