El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha instado a partidos políticos, administraciones, empresarios y sindicatos a exigir al Estado “con una sola voz” los recursos indispensables para el avance del archipiélago. Este llamado se produce en un contexto donde se presentan más de 50 medidas en la Comunicación aprobada en el Consejo de Gobierno, que buscan reforzar los servicios esenciales, mantener el escudo social y abordar problemáticas como la vivienda y la despoblación.
Clavijo ha hecho un llamamiento a toda Canarias para que apoye la aprobación, en Consejo de Ministros, de un real decreto ley que cumpla con los compromisos pendientes hacia el archipiélago. Tras la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes, la Comunicación será enviada al Parlamento para su debate y aprobación en las próximas semanas.
El objetivo declarado es abrir negociaciones con el Estado a la mayor brevedad posible para obtener recursos y medidas “imprescindibles para que esta tierra siga avanzando”. En rueda de prensa, Clavijo enfatizó que “Canarias no puede seguir esperando ni un minuto más a que el Gobierno español supere su parálisis” y demanda un real decreto ley que materialice lo contenido en el Estatuto de Autonomía, la Agenda Canaria y el presupuesto prorrogado de 2023.
El presidente aseguró que las más de 50 medidas contenidas en la propuesta de Decreto Canarias no son privilegios, sino compromisos adquiridos por el Gobierno de España con el archipiélago. Se espera que el Estado cumpla su promesa de debatir un documento basado en leyes aprobadas por unanimidad, como el Estatuto de Autonomía de 2018 y los compromisos acordados por el presidente Sánchez en la firma de la Agenda Canaria.
El presidente informó que, al día siguiente, solicitará una reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, para comenzar a negociar el Decreto Canarias “a finales de febrero”, una vez sea validado por el Parlamento de Canarias en el pleno previsto para el día 24. Para esta negociación, Clavijo destacó que el Gobierno de Canarias tiene un “texto serio, riguroso y solvente” que cuenta con la mayoría necesaria para ser convalidado en el Congreso de los Diputados.
La fuerza de toda Canarias
Fernando Clavijo resaltó la importancia de que el Decreto Canarias llegue a la mesa de negociaciones con Madrid respaldado por el apoyo de la sociedad canaria. “Esto nos dará fuerza para defender nuestros derechos”, afirmó el presidente, reiterando su llamada a partidos políticos, administraciones públicas, empresarios y sindicatos a sumar sus aportaciones al documento que se solicitará al Estado.
También invitó a la oposición a aprovechar el debate parlamentario para reincorporarse al diálogo y presentar aportaciones relacionadas con competencias estatales. “Seguimos tendiendo la mano para que vuelvan a la mesa de la negociación”, dijo Clavijo, confiando en que el debate en la Cámara autonómica ayude a mejorar el texto y a conseguir un documento refrendado por la mayoría de los grupos parlamentarios.
El presidente mostró su desconcierto ante la oposición del PSOE al Decreto Canarias, argumentando que lo lógico es que el principal partido opositor apoyara la defensa de los derechos reconocidos del archipiélago. Clavijo también dijo que “el principal partido de la oposición” confunde circunstancias no comparables, pues mientras el Gobierno de Canarias asegura una gestión estable y aprueba sus presupuestos con normalidad, el Estado no ha logrado aprobar un presupuesto durante esta legislatura.
Justicia, no privilegios
La propuesta de Decreto Canarias, aprobada por el Consejo de Gobierno, justifica la necesidad de un real decreto ley exclusivo para Canarias debido a “la urgente y extraordinaria necesidad de sostener el impulso de la agenda canaria” y asegurar que las políticas públicas no se vean interrumpidas por razones externas a la voluntad del pueblo canario.
Un argumento clave para defender el Decreto Canarias es que “Canarias no pide privilegios, sino justicia. No exige concesiones, sino cumplimiento. No demanda más que lo que en derecho le corresponde”.
La propuesta de real decreto ley, titulada ‘Medidas Urgentes para el mantenimiento y la recuperación de las condiciones sociales y económicas en Canarias’, se compone de 35 artículos distribuidos en cuatro capítulos, 12 disposiciones adicionales y tres finales.
El primer bloque, denominado ‘Medidas de recuperación social y económica’, reúne partidas económicas y medidas que el Gobierno central debe adoptar para garantizar el desarrollo del archipiélago. Este incluye la exigencia de que se garantice la gratuidad del transporte público terrestre en Canarias durante al menos dos años más, con un aporte de 160 millones de euros anuales del Estado.
Vivienda y empleo
La propuesta también incluye medidas para atender la emergencia habitacional en las islas, solicitando al Estado la cesión de suelo en 2026 para la construcción de viviendas protegidas y reclamando 105 millones de euros anuales durante 2026 y 2027 para la ejecución de obras de vivienda asequible.
El Decreto Canarias busca garantizar las partidas específicas que el Gobierno incluyó en sus cuentas de 2023, como los 45 millones para el Plan Integral de Empleo y los 42 millones para infraestructuras educativas, que han quedado en el aire por la prórroga de los presupuestos nacionales.
Además, defiende la continuación de la deducción del 60% del IRPF para residentes en La Palma, La Gomera y El Hierro durante los próximos tres años, y propone una bonificación del 50% en la cuota patronal de la Seguridad Social para actividades en las islas verdes, en contratos indefinidos y de sustitución por IT.
Para seguir apoyando la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica, el texto enviado a Madrid incluye 100 millones de euros para los años 2026, 2027 y 2028, además de 30 millones para un Plan Especial de Empleo en 2026, que podría extenderse a 2027.
Escudo social y mejoras salariales
El segundo bloque del Decreto, denominado ‘Medidas de apoyo a colectivos vulnerables’, busca reforzar el escudo social en las islas con la continuación de los 30 millones de euros anuales del Plan de Pobreza.
El texto requiere nuevos fondos estatales para áreas prioritarias, como la formación profesional (40 millones de euros anuales), un plan para jóvenes desempleados (42 millones), la gratuidad del primer ciclo de educación infantil (28 millones), la cofinanciación en dependencia (120 millones), el sobrecoste de la atención sanitaria (40 millones), el tratamiento de aguas (50 millones) y la renovación de centros generadores de energía (20 millones).
Además, se propone una bonificación del 50% de la cuota de Seguridad Social a empresas que apliquen medidas de productividad que mejoren la remuneración anual por encima de los convenios colectivos. También se solicita al Estado permitir que en este año el sueldo de empleados públicos que ganen menos del 150% del salario mínimo interprofesional se eleve en más del 2%.
Infraestructuras y competencias
El texto demanda 20 millones de euros en 2026 y 2027 para obras de interés general en costas, así como que el Estado transfiera competencias de gestión del dominio público marítimo-terrestre a la comunidad autónoma, asegurando finalmente la coherencia de las actuaciones en el litoral.
Se contempla también un financiamiento de 20 millones de euros anuales para obras hidráulicas, 204 millones para el Convenio de Carreteras desde 2026 a 2030, 20 millones para infraestructuras turísticas y la misma cantidad para I+D+i.
Por último, Clavijo subrayó que la Comunicación presentada al Parlamento incluye otra demanda histórica del archipiélago: la financiación del Estado para 1.400 plazas en el Cuerpo General de la Policía Canaria, garantizando su despliegue en todas las islas y su complemento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.