La sentencia, que se conoció en 2021, fue recurrida un año después por el hijo del periodista ante el Tribunal Supremo, pero este no admitió a trámite el recurso. Ahora, cinco años después de la decisión judicial, el propio Pedro J. Ramírez ha solicitado el derribo de las instalaciones para cumplir con lo establecido en la sentencia y será él quien se encargue de pedir las licencias necesarias para llevar a cabo la demolición.
DOS DÉCADAS DE CASO
El caso se remonta a inicios del siglo XXI y ha tenido repercusiones tanto judiciales como políticas, provocando movilizaciones ciudadanas. El permiso para construir la piscina, la terraza y el embarcadero en un terreno que forma parte del dominio público marítimo-terrestre fue concedido cuando Jaume Matas, expresidente del Govern, ejercía como ministro de Medio Ambiente.
A pesar de que el Lobby per la Independencia presentó una denuncia contra Matas, la Fiscalía balear decidió desestimarla al entender que no incurrió en ninguna infracción penal al autorizar este permiso. Sin embargo, los denunciantes sostenían que Matas tenía responsabilidades penales por haber emitido una orden ministerial el 23 de enero de 2001, mediante la cual concedía una ocupación a la finca de 350 metros cuadrados de Ramírez, en una situación vinculada a «relaciones personales y de amistad» entre ambos.
La organización GOB también mostró interés en el caso y presentó un escrito ante el Ministerio de Medio Ambiente solicitando la nulidad de la concesión por considerar que violaba la ley estatal de costas. Varias fuerzas políticas, incluidos el PSIB y ERC, se manifestaron en contra de la concesión. De hecho, el diputado Joan Puig fue investigado judicialmente por haber accedido a la piscina del chalé en agosto de 2005.
En agosto de 2006, se llevó a cabo una nueva concentración organizada por miembros de EU/Els Verds, el PSM y ERC, junto a varias organizaciones sociales. Los manifestantes se agruparon frente a la propiedad de Pedro J. Ramírez en piraguas, lanchas y motos de agua, expresando su desacuerdo con las decisiones de la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que permitieron al periodista mantener la titularidad privada de la piscina.
Esta protesta coincidiría con una movilización convocada por la Sociedad Cultural Círculo Balear, que argumentaba que la oposición a estas instalaciones respondía a «actitudes totalitarias y radicales» de un sector «nacionalista y catalanista».
Finalmente, la controversia llegó a los tribunales y la Audiencia Nacional declaró nulas las órdenes ministeriales que permitían la operación de la piscina, ordenando en consecuencia su demolición.