La situació actual del servicio de Rodalies ha estado en el centro del debate político esta semana debido a la crisis provocada por el accidente en Gelida (Barcelona) el 20 de enero, que dejó sin vida a un maquinista. En este contexto, la consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado que se prorrogará la gratuidad del servicio «hasta la restitución completa del sistema».
Gratuidad de Rodalies ampliada
En una comparecencia realizada este jueves junto con la consellera de Interior, Núria Parlon, en comisión en el Parlament, Paneque afirmó que la ciudadanía «no puede pagar el coste de una situación que no ha provocado». Inicialmente, la gratuidad se preveía por un periodo de 30 días, pero ahora se ha decidido ampliar sine die.
Además de la gratuidad, también se mantendrán los refuerzos de transporte interurbanos, los planes alternativos vinculados a la red ferroviaria y la suspensión de las zonas de bajas emisiones, con el objetivo de «dar a los usuarios la estabilidad necesaria en el sistema».
«Ristra de hechos concatenados»
Paneque ha atribuido la crisis en Rodalies a «una terrible ristra de hechos concatenados» que ha provocado «unos días francamente difíciles». Lamentó que «hace décadas que se debieron haber hecho inversiones que no se han hecho» y afirmó que no cambiaría su enfoque durante la crisis, a pesar de que «no todo dependía de su Conselleria».
La consellera también destacó la importancia de exigir a Renfe y Adif trabajar incansablemente para asegurar la seguridad de los usuarios, además de instar al Gobierno a tomar responsabilidades y ofrecer soluciones a Catalunya.
Paneque hizo un llamado a la unidad y la colaboración de los grupos políticos para elaborar el Pacte Nacional de Rodalies, con el objetivo de que «ningún otro Govern se vuelva a encontrar una situación» similar.
Impacto económico del incidente
En cuanto al impacto económico, Paneque cifró en 4,1 millones de euros el coste de contratar autobuses adicionales y en aproximadamente 600.000 euros al día el mantenimiento de la barrera del peaje de la C-32. Esta cifra será trasladada al Ministerio de Transportes.
Intervención de emergencias
Parlon, por su parte, describió cómo fue la intervención de los diversos cuerpos de seguridad y emergencias tras los incidentes del 20 de enero, donde un tren de la RG1 se descarriló en Maçanet (Girona) sin heridos, y otro de la R4 en Gelida, que dejó 37 heridos. Subrayó que hubo «una buena coordinación» entre los cuerpos operativos y una gestión adecuada con los responsables de la infraestructura ferroviaria en momentos críticos.
La gravedad de los acontecimientos llevó a declarar el estado de emergencia en el Pla territorial de Protección Civil de Catalunya (Procicat), que se mantiene en alerta por «todas las derivadas» del accidente, entre ellas el corte total de la AP-7, que se espera reabrir el lunes 9 de febrero.
Reacciones políticas
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Judith Toronjo, de Junts, acusó a las conselleras de falta de autocrítica y de «buscar cabezas de turco» sin asumir responsabilidades políticas reales. Lluïsa Llop, de ERC, lamentó que la situación actual de Rodalies es resultado de «décadas de desinversión» y una «infrafinanciación prolongada».
Alberto Villagrasa, del PP, pidió una auditoría urgente de la seguridad de las infraestructuras viarias de Catalunya y criticó la falta de acción preventiva, señalando que Paneque tiene «corresponsabilidad» en lo ocurrido. Desde Vox, Andrés Bello cuestionó la decisión de suspender el servicio de Rodalies al día siguiente del accidente, calificándola de «desproporcionada y cobarde».
Por último, el diputado de los Comuns, Andrés García Berrio, pidió una revisión profunda de los protocolos de gestión y comunicación de la crisis, argumentando que la gestión del Govern ha generado una sensación de descoordinación y caos.
Eva Candela, del PSC, defendió la prioridad dada a la seguridad y pidió a las diferentes formaciones políticas que presenten propuestas concretas para abordar la situación de Rodalies.