El interventor general de la Comunidad Autónoma, David Rodríguez, ha presentado en la Asamblea Regional su informe sobre la Cuenta General de 2022, destacando que el 99,41% del ajuste del remanente de tesorería se atribuye a la configuración jurídica del Servicio Murciano de Salud (SMS). En su comparecencia ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, Rodríguez explicó que este ajuste se debe a un efecto contable derivado de la personalidad jurídica y patrimonio propios del SMS, asegurando que el gasto ha quedado debidamente reflejado en su contabilidad.
Una situación peculiar en la Asamblea
Rodríguez señaló que, a diferencia de otras comunidades autónomas con un órgano de control externo propio, en Murcia ha sido la Intervención la que ha explicado el informe del Tribunal de Cuentas. Además, aclaró que actúa como órgano de control interno del Gobierno regional, bajo la Consejería de Hacienda, con autonomía funcional, y rechazó haber recibido órdenes políticas: «Yo no recibo órdenes», afirmó.
Ciclo presupuestario y su impacto
El interventor contextualizó su intervención dentro del ciclo presupuestario, que incluye la presupuestación, ejecución y control. Recordó que el presupuesto de 2022 fue aprobado mediante la Ley 1/2022, de 24 de enero, y aludió al impacto de la invasión de Ucrania en los costes energéticos, lo que generó nuevas necesidades de gasto.
Datos financieros del ejercicio 2022
En cuanto a las magnitudes generales, informó que los créditos iniciales se situaron en 6.818 millones de euros y, tras modificaciones netas de 419 millones, los créditos definitivos alcanzaron los 7.237 millones, con un grado de ejecución del 93%. Los derechos reconocidos netos a 31 de diciembre fueron de 6.984 millones de euros, lo que representa un 14% menos que en 2021, principalmente debido a la caída de transferencias relacionadas con la pandemia. Además, el déficit de 2022 se estableció en -2,9% del PIB.
Periodo medio de pago y remanente de tesorería
Respecto al periodo medio de pago a proveedores, se mantuvo por debajo de la media autonómica hasta agosto, aunque en septiembre superó los 30 días, sin exceder el límite legal de 60 días. El eje central de la sesión se centró en el remanente de tesorería y el ajuste del Tribunal de Cuentas, donde Rodríguez destacó que la distorsión se originó en el cálculo de derechos pendientes de cobro entre la Comunidad Autónoma y el SMS.
Problemas contables y soluciones propuestas
El interventor explicó que cuando la Comunidad ha satisfecho obligaciones del servicio frente a terceros, estas cantidades se registraron como derechos de cobro contra el SMS. Sin embargo, al no haber rendido cuentas consolidadas, no se compensaron con las obligaciones recíprocas. Este mecanismo, según declaró Rodríguez, fue la razón principal del ajuste en 2022, con una sobrevaloración estimada en 4.621 millones de euros. Afirmó que «en la contabilidad del SMS ha estado cada euro», subrayando que el problema era normativo y requería modificaciones legales que escapaban a su jurisdicción. Para mitigar el efecto, se optó por una corrección contable que afectó el valor de esos derechos, considerándolos de dudoso cobro, lo cual ya se reflejó en la Cuenta de 2023 con un remanente negativo de 791 millones de euros.
Control interno y fiscalización
En cuanto al control interno, Rodríguez defendió la independencia técnica de la Intervención General, mencionando que en 2022 se tramitaron más de 19.000 expedientes de fiscalización, alcanzando un importe de 7.045 millones de euros, con solo 14 reparos por un total de 850.000 euros, situando el nivel de reparos en torno al 0,07% del total. También indicó que se han atendido las observaciones del Tribunal de Cuentas y que se ha intentado corregir los criterios en caso de no haber coincidido plenamente.
Reacciones de los grupos parlamentarios
En la ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, Alfonso Martínez Baños, del PSOE, recordó que la Asamblea había rechazado la Cuenta General de los ejercicios 2015 a 2021, lo que supuso una crítica fuerte a la gestión financiera del Gobierno regional. Cuestionó la reiteración de reparos y criticó la elevada cifra de modificaciones presupuestarias, destacando la infrapresupuestación del gasto del SMS.
Desde Vox, Rubén Martínez insistió en la falta de responsabilidades políticas, cuestionando la inacción a pesar de las advertencias del Tribunal de Cuentas y criticando la solución del deterioro contable aplicado al remanente. Por su parte, José Luis Álvarez-Castellanos, del Grupo Mixto, destacó que la lectura del Tribunal de Cuentas no ofrecía una imagen positiva de la gestión económica regional.
Finalmente, Carlos Albaladejo, del PP, elogió al interventor y a su equipo por su labor de transparencia y control, defendiendo que el informe del Tribunal de Cuentas validaba la legalidad de las cuentas. Cortesía de la situación deteriorada por la pandemia, la inflación y la guerra de Ucrania, señaló que los presupuestos son instrumentos «vivos» sujetos a modificaciones.
Próximos pasos en la tramitación
En la sesión también se organizaron los trabajos de tramitación de la Cuenta General de 2023, estableciendo que comparezcan el interventor general y el consejero para cada ejercicio. Se prevé que la comparecencia pendiente del consejero para la Cuenta de 2022 se celebre antes de continuar con las comparecencias del interventor y del consejero para la Cuenta de 2023.