El juez Juan Carlos Peinado tiene previsto volver a interrogar este miércoles, a las 12:00 horas, a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este interrogatorio se centra en la presunta malversación atribuida a Gómez en la contratación de su asesora, Cristina Álvarez, quien también ha sido citada a comparecer una hora antes, a las 11:00 horas.
Esta será la cuarta vez que Gómez acuda ante el juez, aunque en anteriores ocasiones fue por otras partes de la investigación. En las dos primeras citaciones, se acogió a su derecho a no declarar y, en la tercera, optó por responder únicamente a las preguntas de su abogado, Antonio Camacho, exministro socialista.
Por razones de seguridad, Gómez ha ingresado en coche oficial a los juzgados, evitando el acceso por la entrada general, con la autorización de la juez decana de Madrid. Se espera que mantenga este protocolo en la próxima declaración.
La declaración de Gómez y Álvarez se llevará a cabo tras la solicitud del juez a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que analizase los correos electrónicos enviados y recibidos por Gómez en su cuenta oficial en Presidencia desde el nombramiento de su asesora en julio de 2018 hasta la fecha actual.
Además, el juez solicitó a Presidencia que proporcionase el nombre completo de las distintas personas que han ocupado el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno desde que se nombró a Álvarez como persona eventual, así como información sobre quiénes han autorizado, aprobado y/o ordenado el pago de las remunerationes desde el nombramiento hasta la fecha.
Gómez, en contra del análisis de sus correos
La defensa de Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que deje sin efecto la orden del juez Peinado, evitando que la UCO analice siete años de correos electrónicos de su cliente. Argumentan que la decisión del juez carece de motivación y no delimita ni precisa el material a analizar, lo que ellos consideran una vulneración de sus derechos.
El abogado de Gómez sostiene que la providencia en cuestión «no contiene ninguna consideración sobre el alcance de la investigación sobre una cuenta de correo electrónico que puede guardar datos, fotografías y documentos que corresponden a la intimidad personal». Asimismo, el letrado ha recurrido la imputación de Gómez por malversación, indicando que su propósito al acudir a la Audiencia no es evitar la citación de este miércoles, sino dejar constancia de que «nada justifica esta nueva declaración tras las múltiples veces que ha sido citada para declarar en esta causa».
Un año y cinco meses de investigación
A pesar de que el juez ya había comenzado a investigar la presunta malversación relacionada con el nombramiento de Álvarez, no imputó dicho delito ni a Gómez ni a su asesora hasta el 18 de agosto. De hecho, en mayo previo, el juez había descartado investigar a ambas por malversación, considerando que no tenían responsabilidad en el nombramiento.
En esta línea, el único investigado hasta ese instante era Francisco Martín Aguirre, el delegado del Gobierno en Madrid y secretario general de la Presidencia en julio de 2021, quien se desvinculó de su nombramiento durante su declaración como imputado.
Hasta que el juez amplió la causa en agosto, Begoña Gómez figuraba como investigada en un total de cuatro delitos: tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Esta investigación se originó en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, que acusaba a Gómez de haber aprovechado su posición de esposa del presidente para recomendar a empresarios en licitaciones públicas.
Desde entonces, el juez ha abierto otras líneas de investigación a raíz de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox, en relación con presuntas irregularidades en la gestión de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y la contratación de la asesora de Gómez.
La asesora niega la malversación
Al igual que la defensa de Gómez, la abogada de Álvarez ha solicitado recientemente a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión de Peinado de imputarle un delito de malversación relacionado con su nombramiento en Presidencia. En su apelación, rechaza la atribución del delito, argumentando que no puede ser responsable por haber enviado correos como asesora de Gómez.
Su defensa plantea: «¿Existe malversación cuando un funcionario de un órgano judicial recibe una llamada personal en la secretaría del Juzgado? Si esto fuera punible, tendríamos motivos para incoar una buena macrocausa». Además, recalcan que esta imputación contradice decisiones previas de la Audiencia Provincial, que de forma expresa excluyó la posibilidad de que Álvarez hubiese cometido malversación en los términos en los que se le atribuye ahora.