El Partido Popular (PP) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que exige al Gobierno de Pedro Sánchez que endurezca el protocolo contra las agresiones, el acoso y las violencias sexuales que sufren a diario las funcionarias de prisión, incluyendo castigos para el exhibicionismo y las solicitudes de relaciones sexuales.
Según la iniciativa presentada para su debate en la Comisión de Interior, los trabajadores penitenciarios enfrentan a diario conductas de exhibicionismo, comentarios y amenazas de connotación sexual, tocamientos, intimidación e incluso agresiones consumadas. Esto ocurre sin que las herramientas existentes se consideren suficientes cuando el origen del acoso o la violencia es un interno. El protocolo vigente, que data de marzo de 2024, no aborda la protección de las trabajadoras penitenciarias frente a conductas cometidas por internos.
Hay «desprotección institucional»
La falta de un protocolo específico «proyecta un mensaje de desprotección institucional», lo que, según el PP, «favorece la infradenuncia y genera una doble victimización». Los representantes del PP también han denunciado que la respuesta administrativa frente a este tipo de conductas es «tardía, insuficiente o inexistente», considerándolo una forma de violencia institucional incompatible con un Estado social y democrático de derecho.
El PP sostiene que las cárceles en España no pueden convertirse en un espacio donde las mujeres trabajadoras vean debilitados sus derechos a la seguridad, integridad e igualdad. Por ello, elevan la urgencia de aprobar un protocolo específico que contemple las agresiones, el acoso y las violencias sexuales perpetradas contra funcionarias, incorporando la perspectiva de género en la gestión de la seguridad penitenciaria y situando la protección de las mujeres en el centro de la actuación pública.
Asimismo, el partido instó al Gobierno a que el nuevo protocolo no se limite a la gestión posterior de los incidentes, sino que incluya medidas de prevención y detección temprana, incluyendo la consideración de las agresiones sexuales y sexistas en los planes de prevención de agresiones, como el PEAFA.
Medidas de protección y disciplinarias
También se enfatizó que el protocolo debe incluir una serie de medidas de protección «inmediata» para la víctima, tales como la separación del agresor mediante su traslado o aislamiento, y la implementación de medidas disciplinarias que tipifiquen como sancionables las conductas sexistas y de violencia sexual ejercidas contra trabajadoras penitenciarias. Además, se requiere medidas de apoyo psicológico y asesoramiento jurídico para las víctimas.
El PP propone designar en cada centro penitenciario a una persona responsable de coordinar, dar seguimiento y comunicarse con la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal, cuando sea pertinente.
Finalmente, en su propuesta, el PP llama a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para considerar como modalidad delictiva agravada las agresiones sexuales cometidas contra funcionarias de prisiones. También se pide la tipificación como delitos de ciertos comportamientos de naturaleza sexual que, en otros ámbitos de la vida social, no tienen tal consideración, como el exhibicionismo o la solicitud de relaciones sexuales.