Santiago de Compostela, 27 Sep. – El Partido Popular de Galicia (PPdeG) ha enfatizado la «máxima prioridad» que el Ejecutivo gallego otorga a la vivienda, contrastándola con los «anuncios vacíos» y las «improvisaciones» del Gobierno central. Esta afirmación fue realizada por la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el presidente provincial del PP de Ourense, Luis Menor, durante la clausura de una jornada informativa organizada por el partido para abordar el problema del acceso a la vivienda.
Compromiso con soluciones reales
Prado subrayó la «obligación» de encontrar «soluciones reales, pragmáticas y aplicables» ante la problemática de la vivienda, destacando las «recetas eficaces» implementadas en Galicia. Entre esas iniciativas, resaltó el compromiso del Gobierno gallego de duplicar el parque público de vivienda hasta alcanzar las 8.000 unidades.
Críticas a las políticas del Gobierno central
Frente a este enfoque, la líder del PPdeG criticó las políticas de vivienda del Gobierno central, describiéndolas como «inexistentes o, en el mejor de los casos, equivocadas». Para abordar esta situación, demandó al Ejecutivo estatal la cesión de las viviendas que la Sareb posee en Galicia, además de proponer un nuevo Plan Estatal de Vivienda que sea «eficiente y dialogado», así como mayores medidas de seguridad para los propietarios ante la ocupación ilegal.
Compromiso del PPdeG ante el desafío de la vivienda
Luis Menor, por su parte, manifestó que los partidos políticos y los gobiernos tienen «la imperiosa obligación» de ofrecer soluciones tangibles a un problema que, según él, puede convertirse en el «mayor obstáculo de progreso de la sociedad en el siglo XXI». Además, enfatizó el «absoluto compromiso» de la Xunta para abordar las dificultades de acceso a la vivienda, presentando una hoja de ruta «bien definida» que impactará positivamente a la ciudadanía.
Propuestas adicionales para el mercado de alquiler
Asimismo, Menor y los populares gallegos han resaltado la «necesidad» de derogar la Ley Estatal de Vivienda. La meta es proporcionar «seguridad jurídica a propietarios e inquilinos» y facilitar la movilización de viviendas vacías hacia el mercado del alquiler.