MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) – El Museo del Prado ha presentado este jueves el 40 aniversario del regreso a España de ‘La Marquesa de Santa Cruz’, de Goya. Esta pieza, que Franco quiso regalar a Hitler en 1941, está documentada en una carta del 26 de mayo de 1941 del Marqués de Lozoya, y representa un hito importante en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en España tras ser objeto de una exportación ilegal en 1983.
Intercambios culturales durante la guerra
«En 1939, las relaciones de algunos países con Hitler implicaron el intercambio artístico de manera prevalente. Así, ese mismo año, durante una visita de Heinrich Himmler a Madrid, que convirtió a la capital en un espacio completamente nazi, se asoció un adorno en la lira que sujeta la Marquesa con una cruz gamada, cuando en realidad se trata de un lauburu vasco», explicó Carlos González Navarro, conservador de Pintura del Siglo XIX del Museo Nacional del Prado, en rueda de prensa.
Finalmente, el regalo de Franco a Hitler no se llevó a cabo probablemente debido al cambio de rumbo de la Segunda Guerra Mundial y las gestiones del General Eisenhower en el norte de África, según el Prado.
La historia de la pintura
El lienzo, que muestra a Joaquina Téllez Girón (1784-1851) -ejemplo de aristócrata ilustrada-, reclinada con una lira, fue vendido por sus propietarios a un marchante de arte por un modesto precio y bajo documentos falsificados. Tras pasar por Zúrich y Los Ángeles -donde se ofreció al Museo Getty por 12.000.000,00 dólares-, la obra fue finalmente localizada en Londres, lista para ser subastada por la casa Christie’s en abril de 1986.
Una batalla legal inolvidable
Bajo la dirección del entonces ministro de Cultura, Javier Solana, y con la asesoría del abogado Rodrigo Uría, el Gobierno de España emprendió una batalla legal sin precedentes en la High Court de Londres. Dada la imposibilidad de aplicar retroactivamente la nueva Ley de Patrimonio Histórico de 1985, el equipo jurídico español logró un fallo histórico basado en un precedente de 1861.
El juez británico reconoció que el uso de permisos de exportación falsos perjudicaba económicamente al Estado español, lo que permitió frenar la subasta.
La recuperación se culminó el 9 de abril de 1986 con la firma de un contrato de adquisición por 6.000.000,00 dólares, que equivalió a la mitad de su valor de mercado en aquel momento.