BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) – La sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (VIA) del Tribunal de Instancia de Barcelona ha comenzado a impulsar juicios rápidos para los impagos de pensiones alimenticias, según informan fuentes judiciales.
Esta iniciativa permite que en un plazo de 15 días se pueda citar a juicio al acusado. Se ha observado que, tras ser presentados a juicio, muchos de los procesados han alcanzado acuerdos de conformidad o han regularizado sus pagos, lo que ha contribuido a agilizar la resolución de estos procedimientos.
A pesar de que el impago de pensiones alimenticias no es actualmente un delito tipificado para juicio rápido, se puede considerar que, si el infractor es un hombre, esto podría interpretarse como violencia económica y, por ende, como un delito de violencia de género, que sí está dentro de la lista de delitos que pueden ser juzgados con este procedimiento. Además, existe un Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que busca incluir la violencia económica en el marco de la violencia de género.
300 ASUNTOS EN MANO
La sección de VIA inició sus funciones el 31 de diciembre de 2025 en el contexto de una reorganización de la Administración de la Justicia, según lo estipulado por la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial. Desde entonces, ha asumido casos que abarcan delitos graves como homicidio, aborto, lesiones y otros delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes.
Su ámbito de competencia incluye la adopción de medidas cautelares, así como el enjuiciamiento y la sentencia en delitos leves. Hasta la fecha, han manejado más de 300 asuntos penales, de los cuales aproximadamente un 20% corresponde a impagos de pensiones. Además, han abordado casos de quebrantamiento de condenas, delitos de agresión sexual, malos tratos, descubrimiento de secretos y pornografía infantil.
LEY DE 2021 Y SU IMPACTO
La diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Cristina Díaz-Malnero, destacó que en 2021 se aprobó la Ley Orgánica 8/2021, que regula la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Esta legislación ya contemplaba la creación de órganos judiciales especializados en estos ámbitos.
El año pasado se implementó un proyecto piloto en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, anticipándose al modelo de especialización que la Ley 1/2025 promueve, cumpliendo así con lo estipulado en la Ley 8/2021 para los casos que afectan a niños, niñas y adolescentes.
Díaz-Malnero subrayó que la creación de estas secciones permite respetar el principio de concentración, lo que se traduce en una mayor rapidez y eficiencia en la instrucción de casos. Al ser consultada sobre los juicios rápidos para los impagos de pensiones, la diputada afirma que «todo procedimiento que busque una justicia efectiva para los niños, niñas y adolescentes será siempre valorado positivamente».
Finalmente, enfatiza la importancia de contar con jurisdicciones especializadas, resaltando que España es pionera en este aspecto. Esto no solo incrementa la eficacia, sino que también asegura una mejor protección para los menores, afirmando que «una justicia lenta no es eficaz ni garantiza los derechos de los niños y niñas».