La Comunidad de Madrid ha comenzado a prestar asistencia letrada a 115 municipios y 11 mancomunidades que se han adherido al convenio firmado en julio de 2025 por el Gobierno regional y la Federación Madrileña de Municipios (FMM). Así lo confirmó hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante la inauguración de una jornada informativa sobre este servicio, que tuvo lugar en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico.
Compromiso con los municipios
García Martín destacó que esta iniciativa “ofrece respaldo jurídico a los ayuntamientos para que puedan ejercer sus competencias de la manera más adecuada”. Además, subrayó que “aporta seguridad y garantiza que todas las localidades, sean grandes o pequeñas, cuenten con las mismas oportunidades para defender sus intereses”.
Asistencia a cargos públicos
La jornada informativa contó con la presencia de más de 80 cargos públicos, incluidos alcaldes, concejales, habilitados nacionales y técnicos, quienes pudieron conocer a fondo, a través de ejemplos prácticos, los servicios que la Abogacía General ofrece a las corporaciones locales.
Colaboración instituicional
El consejero también resaltó la colaboración del Gobierno regional con la FMM, enfatizando que la relación se basa en “la confianza y en la lealtad institucional”. Entre los proyectos conjuntos se encuentran las Oficinas de Atención al Ciudadano, la renovación del convenio para garantizar el funcionamiento de la FMM y el protocolo para la nueva sede en Gran Vía.
Iniciativas de apoyo a lo local
El Ejecutivo autonómico reafirma su compromiso con la administración local y el apoyo a las áreas rurales a través de iniciativas como la asistencia letrada, y programas como Pueblos con Vida y el Programa de Inversión Regional (PIR), que cuentan en total con financiación cercana a 1.200 millones de euros para esta legislatura. Además, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para este año incluyen 1.533 millones de euros destinados a inversiones en municipios y 625 millones para que los ayuntamientos aseguren la calidad de los servicios públicos.