BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) – El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y doctor en Sociología por la UNED, Javier Gil, explica que en España, el modelo de vivienda en propiedad llegó a superar el 85% de los hogares, superando la mayoría de países europeos: «Es uno de los países en los que la sociedad de propietarios fue mayor, pero saltó por los aires y se llevó al país por delante», defiende en una entrevista.
Gil publica ‘Generación inquilina. Un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad’ (Capitán Swing), en el que analiza la crisis de la vivienda en torno a toda una generación, a la que denomina «generación inquilina», caracterizada por la imposibilidad de acceder a la vivienda en propiedad y que vive de alquiler «por exclusión».
Hasta 2008, la vivienda en propiedad fue un rasgo central de nuestras sociedades, un aspecto clave de la clase media. Sin embargo, esta idea se rompió cuando la demanda de vivienda pasó de ser residencial a especulativa, provocando que los precios se dispararan y se desconectaran de los salarios.
Gil ilustra cómo la sociedad de propietarios había crecido mucho en España, ya que las viviendas se compraban para vivir en ellas: «Primeras, segundas o terceras residencias, pero eran moradas. Es decir, la gente compraba para vivir en su casa y, quien tenía dinero, también una casa en la playa».
Demanda Especulativa
El incremento de esta demanda especulativa ha generado un sistema económico que Gil define como «capitalismo rentista», un modelo basado en la propiedad y explotación de activos, en el que la vivienda es uno de los ejes centrales. Así, la vivienda ha pasado de ser un bien básico «como la fruta o el pan», a convertirse en un activo, como las criptomonedas o las acciones de la Bolsa.
Gil señala que el gran problema de este sistema es que, mientras el modelo industrial se basaba en generar riqueza a través del trabajo, el capitalismo rentista no produce nada, sino que se reapropia de la riqueza ya existente: «Es un proceso de suma cero», detalla.
El investigador afirma: «Cada vez más, la política del Estado se dirige a mantener el rentismo y sostenerlo, manteniendo los precios de los activos inflados de manera artificial a través de mecanismos políticos. Esto está tensando a la sociedad».
Nuevo Paradigma
Dado que la sociedad de propietarios como modelo ha fracasado y la población tampoco puede vivir de alquiler, Gil propone un «nuevo paradigma de la vivienda», basado en formas de propiedad públicas y colectivas, similares a los modelos de la educación o la sanidad.
Explica que sería un modelo en el que el Estado no esté subordinado a los mercados e intervenga con fuerza para disciplinarlos, aunque esto signifique que los operadores no cuenten con las mismas rentabilidades que actualmente.
Financiación
Preguntado por la viabilidad de esta propuesta a gran escala, Gil plantea en su libro qué hubiera sucedido si los 120.000 millones de euros destinados al rescate financiero de España en 2012 se hubieran utilizado para crear una cooperativa de vivienda pública y no para rescatar a las entidades financieras.
Con esta cifra de referencia, y sin actualizar, matiza Gil, el Estado podría apalancar el dinero para aumentar el capital disponible hasta alrededor de 600.000 millones de euros, lo que actualmente permitiría comprar alrededor de 3 millones de viviendas públicas en España que «sanearían» el mercado inmobiliario.
«Una vivienda pública no significa pagar un alquiler de 60 o 100 euros al mes. Un alquiler social puede ser simplemente el 15% o 20% de tu sueldo, que sea proporcional, quitándole el precio especulativo. Así, se podría financiar la cooperativa de vivienda, ya que no generaría déficit al Estado, sino que sería una forma de ampliar el patrimonio y la riqueza».
Catalunya
En relación con el acuerdo entre el Govern de Catalunya y Comuns para limitar la compra especulativa de vivienda, Gil describe el pacto como un primer paso que permita «detener» este tipo de compra, que es la base del auge de una demanda no residencial.
«El primer paso es detener esta compra especulativa; luego ya veremos cómo revertimos los últimos 10 o 15 años, pero lo primero es asegurar que no vaya a más, que quienes compren vivienda sea para vivir en ellas, no para utilizarlas como un negocio», detalla el investigador.
Más adelante, defiende que debe establecerse un nuevo régimen fiscal que penalice la concentración de viviendas: «No es que las nuevas generaciones no puedan comprar viviendas porque no haya, es que se las están quedando unos pocos, entre fondos, oligarquías y empresas».
De Bienes a Activos
Aparte de la vivienda, preguntado por otros bienes que hayan sufrido una «transformación» parecida, Gil cita al profesor Brett Christophers, que relata un proceso similar por el que los grandes fondos de inversión son propietarios de las carreteras, las tuberías, las tierras de cultivo, los sistemas de energía o los hospitales y las escuelas.
«Vemos que ya empieza a pasar también con infraestructuras y sistemas logísticos que son esenciales para la vida y que no tienen por qué generar un beneficio económico, pero de repente se están convirtiendo en elementos centrales de beneficio para los fondos de inversión», ilustra el investigador.
Gil concluye con un llamado al «triunfo» de la fuerza social que defienda un paradigma económico en el que la vivienda sea a la vez un derecho garantizado y la base de un nuevo modelo social articulado en torno al bienestar de la población.