La Comunidad de Madrid ha solicitado por carta al Gobierno central una auditoría de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) concedidas a más de medio centenar de proyectos de macroplantas fotovoltaicas en la región. El objetivo es garantizar que estas fueron otorgadas bajo «criterios técnicos» y no «bajo presiones o posibles tramas», como ocurre en el caso Forestalia, que investiga presuntas irregularidades en estos proyectos.
Solicitud de Auditoría y Transparencia
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha confirmado esta solicitud a la prensa, resaltando la necesidad de comprobar que las 53 licencias concedidas en la región para macroplantas fotovoltaicas cumplen únicamente con «criterios técnicos».
A través del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, la Comunidad ha solicitado formalmente al Gobierno central una auditoría independiente sobre las DIA asignadas a estos proyectos. La carta está dirigida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y destaca la «creciente preocupación» del Ejecutivo regional ante las «graves sospechas de prácticas corruptas» en la concesión de estas declaraciones de impacto.
Las DIA, de las cuales se han aprobado 53 en los últimos años, ocupan casi 10.500 hectáreas en la región. La carta también pone de manifiesto que la tramitación de estos proyectos podría haber alterado el orden lógico del procedimiento, ya que las DIA se han emitido antes de la planificación estratégica del territorio. Según Novillo, es «imprescindible corregir este modelo» para prevenir una ocupación desordenada del suelo.
Entre las medidas propuestas, el Ejecutivo autonómico ha solicitado que las comunidades autónomas dispongan de un «informe territorial vinculante» para proyectos de esta naturaleza, en los que la evaluación ambiental corresponde al Estado, enfatizando la importancia de la protección del suelo agrario y urbanístico.
Exigencia de Clarificación Tras el Caso Forestalia
García Martín ha relacionado la petición de auditoría con las revelaciones sobre el caso Forestalia, que sugiere irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables. El consejero ha afirmado que la iniciativa responde a la «preocupación» del Gobierno regional tras conocer «casos muy graves». Además, ha enfatizado la necesidad de verificar que los procedimientos se han llevado a cabo «bajo criterios técnicos y no bajo presiones o tramas de posibles corruptelas», asegurando también la protección del entorno y medio ambiente donde se instalarán estas infraestructuras.
Compromiso con la Protección de Suelo Agrario
En su escrito, Novillo subraya el compromiso del Ejecutivo autonómico con la transición energética, a la que sin embargo advierte que debe realizarse «con criterio de equilibrio, rigor y adecuada ordenación del territorio», al tiempo que se debe considerar la protección del medio ambiente y los sectores estratégicos.
La atención se centra en el sector agrícola, ya que la instalación de macroplantas fotovoltaicas podría tener efectos adversos sobre suelos de valor productivo, como olivares o viñedos, cuya conservación es «clave» desde el punto de vista económico, ambiental y cultural.
En este sentido, la Comunidad de Madrid ha solicitado también la realización urgente de un análisis acumulativo de carácter territorial que permita evaluar el impacto conjunto de las grandes instalaciones fotovoltaicas sobre la biodiversidad, el paisaje, el suelo y las infraestructuras.
Mayor Responsabilidad de las Comunidades Autónomas
Por otro lado, Novillo ha propuesto revisar el marco competencial actual para que las comunidades autónomas puedan asumir la autorización y evaluación ambiental de todas las instalaciones fotovoltaicas, incluidas las de más de 50 megavatios. Estas macroplantas, que abarcan más de 100 hectáreas, son las que generan mayores afecciones territoriales, medioambientales y paisajísticas en regiones de pequeña extensión como la Comunidad de Madrid.
Finalmente, el Ejecutivo autonómico ha recordado la iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior para activar un Plan de Protección del Paisaje, que delimita los espacios para las plantas fotovoltaicas, limitándolos a un 4% del territorio. El objetivo de esta medida es proteger tanto la agricultura como el entorno natural de los municipios. Este proyecto incluye un mapa de zonificación regional que muestra los lugares adecuados para situar estas infraestructuras de manera equilibrada.
La Comunidad de Madrid ha indicado que la prioridad es aprovechar infraestructuras ya existentes, como cubiertas y zonas de baja productividad agrícola y ambiental, habiendo conseguido aumentar de 370 instalaciones en 2018 a más de 100.000 en 2025.