MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) – La Comunidad de Madrid ha presentado esta semana el anteproyecto de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), un nuevo marco normativo urbanístico que busca transformar el urbanismo regional, dejando atrás un modelo vigente desde los inicios de los 2000 y considerado desactualizado.
El anteproyecto, que actualmente está en tramitación, pretende sustituir un sistema que puede alargar la aprobación de desarrollos urbanísticos por más de una década. Esta declaración fue realizada por el viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio, Rafael García, en la última comisión del ramo celebrada esta semana en la Asamblea de Madrid.
La Comunidad de Madrid considera esencial adaptar la normativa a una región en crecimiento, cuya realidad ha cambiado drásticamente desde el diseño de un planeamiento urbano hasta su ejecución. El objetivo de la reforma es acelerar y simplificar el crecimiento urbano a través de la unificación de procedimientos y eliminación de duplicidades.
Un aspecto clave será la introducción de herramientas más ágiles, como los planes ejecutivos, los cuales permitirán concentrar en un solo proceso fases que actualmente se gestionan por separado. Además, se busca homogenizar los plazos de los informes sectoriales, que en la actualidad generan cuellos de botella en el sistema.
Reorganización del Suelo
Otro de los pilares de la futura ley será la reorganización del suelo. El Gobierno regional propone una clasificación más sencilla, basada en tres grandes categorías: suelo urbano, suelo rural protegido y suelo rural no protegido. Con este enfoque, se pretende evitar que grandes bolsas de terreno permanezcan bloqueadas durante años.
Asimismo, el anteproyecto favorece una mayor flexibilidad en los usos del suelo, buscando facilitar la adaptación a nuevas necesidades económicas y sociales sin la necesidad de modificar continuamente el planeamiento general.
La norma se presenta en un contexto demográfico significativo, pues la región avanza hacia los 7 millones de habitantes, y enfrenta presiones sobre el mercado de la vivienda. Con esto en mente, la Comunidad planea agilizar trámites y activar suelo para incrementar la oferta y satisfacer la demanda.
Entre las medidas propuestas se incluyen la regeneración de barrios degradados mediante actuaciones más amplias, la regularización de urbanizaciones en situación irregular y la adaptación de la normativa a la realidad de los municipios más pequeños, incluyendo herramientas específicas para facilitar su desarrollo.
Colaboración Público-Privada
La ley también busca fortalecer la colaboración público-privada en la gestión urbanística y mejorar la seguridad jurídica en un ámbito caracterizado por la complejidad normativa y la judicialización. Según el viceconsejero, uno de los propósitos es «evitar la especulación y proteger el suelo como un bien finito».
Más allá de los aspectos técnicos, el Gobierno regional presenta la norma como una herramienta para planificar el crecimiento a largo plazo, bajo una visión integral del territorio que contemple infraestructuras, medio ambiente y desarrollo urbano de forma transversal.
Finalmente, el viceconsejero subrayó que el crecimiento puede ser compatible con la protección ambiental y que el modelo que promueve la Comunidad busca mantener un equilibrio entre ambos elementos, en una región donde más del 50 % del territorio cuenta con algún tipo de protección.