La Junta de Castilla y León ha anunciado una modificación en la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de creación de empresas. Esta modificación eleva el porcentaje de subvención del 35 % al 75 % para aquellas empresas que se constituyan en localidades afectadas por los devastadores incendios forestales ocurridos en 2025. El importe total disponible para esta convocatoria asciende a 7,5 millones de euros, con la posibilidad de incrementar esta cifra hasta 9 millones.
Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2025
Origen: Castilla y León | Consejería de Economía y Hacienda
La modificación ha sido publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) y se enmarca en las bases reguladoras de las ayudas que gestiona la Consejería de Economía y Hacienda a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL). Este cambio está diseñado para ofrecer un apoyo significativo a las nuevas empresas que busquen establecerse en áreas gravemente afectadas por los incendios.
El objetivo de esta medida es incentivar la recuperación económica en las zonas que más han sufrido, reafirmando el compromiso del Gobierno autonómico con un desarrollo territorial equilibrado y la resiliencia empresarial. Estas subvenciones tienen como finalidad no solo promover el emprendimiento, sino también facilitar el financiamiento de proyectos de inversión, apoyando tanto la adquisición de activos materiales como inmateriales, así como los gastos necesarios para la puesta en marcha de nuevas actividades económicas.
Las ayudas están disponibles para solicitar a través de la web dedicada a las ayudas para la creación de empresas, y el plazo para presentar las solicitudes comienza mañana, manteniéndose abierto hasta el 31 de diciembre de 2025.
Un plan integral de 114 millones para la recuperación económica
Además, esta ayuda forma parte de un plan extraordinario que incluye 47 medidas y cuenta con una dotación inicial de 114 millones de euros. Este plan abarca diversas actuaciones destinadas a reparar viviendas, infraestructuras, caminos rurales y patrimonio cultural, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los negocios a corto plazo y crear condiciones favorables para el desarrollo económico en las zonas rurales afectadas por los incendios.