Logroño, 11 Feb. (EUROPA PRESS) – El Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa elaborado por el Gobierno riojano seguirá su trámite parlamentario tras rechazarse por todos los grupos políticos la enmienda a la totalidad de IU, que teme falta de control.
Debate sobre la agilidad administrativa
El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha abierto el debate defendiendo la ley bajo la intención de «convertir a La Rioja en una de las comunidades más ágiles».
«Necesitamos cambiar de raíz» la gestión de trámites administrativos «para que sea más ágil, más eficiente, más eficaz y, sobre todo, más proactiva y más empática con todos y cada uno de los ciudadanos», ha aseverado.
Principales puntos de la ley
Domínguez ha destacado que, con esta ley, se implanta el silencio administrativo positivo como regla general de funcionamiento de todos los procesos administrativos.
«Si la Administración pública no responde en tres meses, tiempo ha tenido. El ciudadano debe poder hacer lo que ha solicitado a la Administración pública», ha señalado.
«Vamos a agilizar la tramitación de procedimientos administrativos sustituyendo las solicitudes de licencias y autorizaciones por declaraciones responsables que permiten iniciar las actividades administrativas y económicas con mucha mayor facilidad», ha explicado.
Además, se van a «reducir los tiempos de respuesta obligatorios de la Administración Pública entre todos los procedimientos a la regla general de tres meses para la generalidad de todos los procedimientos».
«Todas las iniciativas de inversión que ya cuenten con una autorización de otra Administración pública serán automáticamente autorizadas» en La Rioja.
«Todo ello será en nuestro proceso de simplificación administrativa, mercado abierto y calidad normativa. Solo necesitamos una cosa, esta ley», ha afirmado a los diputados.
Criticas a la propuesta
Desde el grupo que había presentado la enmienda a la totalidad, el diputado de IU Carlos Ollero ha defendido que esta ley se sustenta en un ‘dumping regulatorio’ y en la reducción de los controles públicos. «No va a servir para mejorar el contacto con la ciudadanía ni reducir la burocracia», ha afirmado.
Ollero ha señalado que esta norma es «muy similar a la presentada en otras comunidades como la Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid, inspirada en principios neoliberales».
Además, ha criticado que supone una «privatización de servicios y desregulación mercantil, así como debilitar a la Administración pública».
«Una generalización del silencio administrativo puede convertir la inacción de la Administración ante cualquier planteamiento de empresas en autorizaciones tácitas sin control previo», ha añadido.
En definitiva, ha argumentado que se trata de «un proyecto dominado por las grandes empresas que debilita la Administración pública y reduce los derechos de la ciudadanía».
Posturas a favor
La ‘popular’ Begoña Martínez ha rechazado la enmienda a la totalidad defendiendo que la ley «nace por la necesidad de que la administración esté al servicio del ciudadano».
«Y estarlo es hacer la vida más fácil», ha subrayado, criticando la postura de IU, que ha solicitado la devolución de la ley al Gobierno riojano, argumentando un «sesgo ideológico».
El portavoz de Vox, Ángel Alda, aunque ha reconocido no compartir al cien por cien la ley, ha afirmado que la enmienda a la totalidad no aporta nada positivo.
Desde el PSOE, María Somalo ha rechazado la enmienda presentada por Izquierda Unida, aunque ha calificado el proyecto de ley de «texto neutro». A su juicio, es necesario recorrer mucho camino en la simplificación administrativa, aunque ha advertido sobre posibles riesgos en la normativa.