Zaragoza, 20 de marzo (EUROPA PRESS) – El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma, Román García, participaron el viernes en un evento destinado a agricultores, empresas del sector y agencias de trabajo temporal. El objetivo fue informar sobre las condiciones de contratación de los temporeros y proporcionar «garantía y seguridad jurídica» tanto a los trabajadores, en su mayoría migrantes, como a los agricultores que les emplean durante la campaña agrícola, que inicia ahora y se extenderá hasta octubre.
Durante el acto, organizado por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza y clausurado por la subdelegada, Noelia Herrero, Beltrán subrayó que Aragón es «una de las regiones productoras más importantes de Europa», especialmente en el sector de la fruta de hueso. Destacó que el sector agroalimentario representa el 10% de la economía de la Comunidad Autónoma. Para la próxima campaña agrícola, se estima que entre 20.000 y 25.000 personas participarán, lo que representa un movimiento económico significativo con un impacto notable en las áreas despobladas.
Uno de los puntos abordados fue la «prevención de la trata», un problema que persiste, según Beltrán, quien recordó que en Aragón se han realizado intervenciones policiales para erradicar «condiciones laborales cercanas a la esclavitud» que constituyen casos de explotación laboral. Además, explicó que la Ley de Extranjería y su reglamento están experimentando mejoras graduales para «facilitar la integración de las personas migrantes en el mundo laboral».
«Esta integración en el mundo laboral es una exigencia que hemos escuchado del sector empresarial y sindical. El reglamento de extranjería busca acortar plazos mediante la simplificación administrativa, trabajando en conjunto con la Unidad de Extranjería, la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y la Guardia Civil», añadió Beltrán. Afirmó que las administraciones involucradas, incluida la Inspección de Trabajo, se aseguran de que las condiciones laborales se desarrollen con normalidad.
Los migrantes representan aproximadamente el 15% de los trabajadores activos en Aragón, dijo el delegado del Gobierno, quien anunció que pronto se iniciará un proceso de regularización masiva, previsto durante el evento, que beneficiará económica y socialmente al territorio. También reiteró que la prevención de riesgos laborales «es una obligación» que debe cumplirse en todas las empresas.
Beltrán rechazó vincular la regularización de migrantes con el terrorismo islámico, afirmando que esas son «nada más lejos de la realidad». Criticó al Gobierno de Aragón por no esclarecer su postura ante los problemas que afectan a la campaña agrícola y lamentó la inacción del mismo.
Respecto a la regularización masiva, indicó que, a la espera del informe del Consejo de Estado, se considerarán las personas que ya están viviendo y trabajando en el territorio español, así como aquellos que puedan demostrar que han estado cinco meses antes del final del año pasado y quienes solicitaron protección internacional antes del 31 de diciembre. «Las personas que cuidan a nuestros mayores, quienes trabajan en residencias, así como los que reparten la paquetería o recogen la fruta, son perfiles que se busca regularizar, ya que están integradas en nuestra sociedad y poseen la experiencia que se requiere», explicó.
Responsabilidades Laborales
Román García expuso a empresarios y sindicatos las «obligaciones fundamentales» en materia de extranjería y, sobre todo, las responsabilidades que conllevan. Aseguró que el proceso de regularización actual «es una oportunidad, no un problema», y puede beneficiar a los empresarios que desean contratar a personas ya documentadas o que están en proceso de regularización.
En cuanto a las inspecciones de trabajo, García indicó que el 90% de los incumplimientos que detectan los inspectores afectan a personas que «están sin autorización para trabajar». En el último año, se han identificado a 900 personas sin permiso de trabajo, lo que ha llevado a sanciones administrativas por más de 9 millones de euros.
«No es rentable emplear a personas en situación irregular, ya que las consecuencias de esta práctica son graves», enfatizó, recordando que todos los trabajadores, independientemente de su situación administrativa, tienen derecho a recibir su salario y a que se proteja su salud y seguridad. Las sanciones de la Inspección de Trabajo oscilan entre los 10.000 y los 225.000 euros «por cada uno de ellos», y la ocupación de un número determinado de trabajadores en esa situación puede llevar a una acusación de delito. Concluyó afirmando que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social trabaja con las fuerzas de seguridad del Estado para detectar y atajar estas acciones.
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