SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) – El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de Galicia, Diego Calvo, ha defendido la reformulación de la financiación local en la parte que atañe a la Xunta a través de la futura ley de administración local. Ha asegurado que todos los municipios, un total de 313 en Galicia, contarán con un mínimo de 100.000 euros de financiación, independientemente de su población.
Calvo, junto con la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, se reunieron este martes con el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, para una primera toma de contacto sobre la futura ley. El anteproyecto de esta norma ha iniciado recientemente el trámite de audiencia e información pública, tras su análisis en el Consello de la Xunta. Varela, al ser preguntado por los medios después del encuentro, eludió pronunciarse sobre el contenido y resaltó que la Fegamp lo examinará para hacer las aportaciones pertinentes.
Varela reconoció que el texto es «importantísimo» para las entidades locales y expresó que a la Fegamp le hubiera gustado «participar más activamente en la elaboración» del borrador. Sin embargo, ha señalado que la Xunta les ha garantizado que, además de los 15 días para hacer alegaciones, la entidad municipalista tendrá «tiempo suficiente» para realizar las aportaciones que consideren que se deben hacer.
Finalmente, abordando el pacto local, Calvo admitió que en todas las reuniones con el conselleiro del área de administración local se discute «la necesidad de avanzar más» en cuestiones relacionadas con competencias locales.
AHORA SE INICIA EL PROCESO REALMENTE
Calvo afirmó que, aunque se lleva dos años recabando opiniones de diversos colectivos, ninguno ha participado en «todo el contenido» del texto. «Ahora se inicia el proceso realmente», ha indicado, destacando que la Xunta, como un Gobierno «unido y sólido, que tiene una mayoría», debe poner sobre la mesa «un texto sobre el que se puedan hacer aportaciones». Se espera que haya margen para ello hasta antes del verano, dado que el objetivo es remitir el texto al Parlamento en junio.
Aún una vez que la norma entre en el Pazo do Hórreo, el conselleiro recordó que durante su tramitación parlamentaria se podrán presentar enmiendas para mejorar el texto por parte de los distintos grupos políticos, asegurando que «la participación está garantizada». En cuanto a la recepción de Varela sobre el anuncio, mencionó que «en la presentación a grandes rasgos» considera que «más o menos todo el mundo se puede sentir cómodo», aunque cada partido o colectivo realizará sus aportaciones en análisis más detallados.
Calvo se mostró optimista sobre el proceso, indicando que «si esta ley la redacta cada una de las personas que participó en la elaboración tendríamos un texto distinto. Pero se trata de buscar un texto que englobe la mayoría y en el que todos nos sintamos más o menos representados y a gusto».
NOVEDADES DE LA NORMA
Entre las principales cuestiones, la futura ley de administración local reformula la financiación en que atañe a la Xunta, introduciendo criterios como la dispersión geográfica y el envejecimiento. Según Calvo, se incrementarán los fondos incondicionados, de forma que se destinen recursos a las necesidades que los ayuntamientos determinen. Además, se ampliará la garantía de mínimos a todos los ayuntamientos, incrementándose en más de 20 millones de euros, asegurando que ninguno perciba por debajo de la cuantía establecida.
La ley establece que el Fondo de Cooperación Local se estructurará en los siguientes fondos: el Fondo Incondicionado Xeral y el Fondo Incondicionado para Gastos no Homoxéneos, siendo el primero repartido entre los distintos municipios y la Fegamp. Así mismo, se propone un reparto ponderado basado en diversos criterios, como la población total (42,2%), la población de 0 a 2 años (4,2%), la población de 16 a 65 años (3%), la población mayor de 65 años (10,2%), la superficie (10,3%), el esfuerzo fiscal relativo (20%), el reto demográfico (5%) y la dispersión (5,1%).
Ser clasificado como municipio en «reto demográfico» requerirá una serie de circunstancias, como tener una población inferior a 5.000 habitantes, un crecimiento vegetativo negativo, y una densidad de población inferior o igual a 20 habitantes por km². Además de identificar los municipios en riesgo de despoblación, se introducirán medidas para impulsar su capacidad en la prestación de servicios a los vecinos, adaptándose a la realidad demográfica gallega, donde el 90% de los ayuntamientos tienen menos de 15.000 habitantes.
PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS Y DIPUTACIONES
Otra novedad importante es que la participación de los ayuntamientos en los tributos crecerá al menos al mismo porcentaje en que aumenten los ingresos de la comunidad. Asimismo, se busca «reforzar» el papel de las diputaciones provinciales, definiendo sus funciones como «garantes de la autonomía local» y ofreciendo mayor asistencia a los ayuntamientos más pequeños o con más dificultades en la prestación de servicios municipales.
Se unificará además la actuación de las cuatro diputaciones para evitar diferencias entre los ayuntamientos según la diputación a la que pertenezcan. Entre otros objetivos, la norma persigue «modernizar el marco local, simplificar la burocracia e introducir tendencias relacionadas con la administración digital, la transparencia, el Gobierno abierto y la cooperación multinivel efectiva».