Los jamoneros de la Indicació Geográfica Protegida (IGP) ‘Jamón de Trevélez’, ubicados en la Alpujarra granadina, han expresado su preocupación tras las recientes resoluciones judiciales que permiten al Ministerio de Agricultura continuar con el registro de la IGP ‘Jamón Serrano’, lo que, a su juicio, favorece a la gran industria productora de jamón.
El Consejo Regulador de la IGP Jamón de Trevélez, junto a otras entidades, ha estado oponiéndose a este registro durante los últimos diez años, llevando su causa a los tribunales hace dos años. En enero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó parcialmente su recurso, anulando dos resoluciones clave en el proceso de creación de la nueva IGP por presentar «defectos de tramitación esenciales». El tribunal ha decidido devolver el expediente al momento anterior a la adopción de estas resoluciones, pidiendo que se incluya un informe de la Oficina Española de Patentes sobre las marcas registradas relacionadas con este término para evitar indefensiones.
No obstante, el colectivo ha lamentado que, a pesar de esta resolución, el Ministerio continuará con el registro de la IGP ‘Jamón Serrano’, junto con la anulación de la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) ‘Jamón Serrano’. Sostienen que esto ocurre a pesar de que existen «numerosas marcas registradas» que incluyen el término ‘jamón serrano’ en la Oficina Española de Marcas y Patentes y en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Desde la IGP Jamón de Trevélez enfatizan que el término ‘serrano’ se refiere a la sierra, que es donde se elabora el jamón y donde las condiciones climáticas favorecen su curación de forma natural; características que han sido valoradas durante siglos y que han llevado a la creación de productos reconocidos en regiones específicas de España.
Además, argumentan que la IGP que pretende registrar el Gobierno «de manera engañosa, busca apropiarse del término para identificar jamones que en realidad no son elaborados en la sierra ni curados en un ambiente natural». Alertan que, con este registro, cualquier jamón curado, sin distinción de razas y elaborado en España con un período mínimo de curación de nueve meses, ya sea en condiciones naturales o artificiales, de cerdo blanco o ibérico, podría llevar el sello de la IGP. Esto, advierten, «devaluará y afectará la imagen y credibilidad de las figuras de calidad Denominación de Origen e Indicació Geográfica Protegida», que deben demostrar un vínculo estrecho entre las características del producto y el medio geográfico específico de elaboración.
Actualmente, el número de empresas certificadas para la elaboración de ETG es de 203, con una producción de 21 millones de piezas. Los jamoneros de Trevélez se cuestionan «qué garantía y distinción tendrá el consumidor cuando en el mercado estén todos los jamones amparados por una figura de calidad diferenciada europea IGP».
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