MURCIA, 18 sep. (EUROPA PRESS) – El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha solicitado a la Abogacía del Estado que interponga un recurso contencioso-administrativo para revocar la moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Jumilla sobre la modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales, en la que se prohíben actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Consistorio.
La Delegación del Gobierno, el pasado 11 de agosto y al amparo de lo previsto en el artículo 65 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, formuló un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para que procediera a la revocación del citado acuerdo, al considerar que «constituye una vulneración del ordenamiento jurídico».
En concreto, «supone un menoscabo del derecho fundamental a la libertad religiosa, contemplado en el artículo 16 de la Constitución, y el principio de neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa, así como la exigencia de motivación suficiente en la restricción del uso de espacios públicos conforme a la normativa estatal», según informaron fuentes de la institución en un comunicado.
Transcurrido el mes de plazo fijado y dado que la Delegación del Gobierno no tiene constancia de que el Ayuntamiento de Jumilla haya procedido a revocar la moción aprobada en Pleno, se ha solicitado a la Abogacía del Estado la interposición del pertinente recurso contencioso-administrativo.
Lucas ha señalado: «Llevaremos al Ayuntamiento de Jumilla a los tribunales para defender los derechos fundamentales de todos los jumillanos y las jumillanas. En este caso, el derecho a la libertad religiosa, protegido por nuestra Constitución».
Además, Lucas ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, al considerar que «medidas como esta aprobada por el Partido Popular y que son claramente discriminatorias, fracturan la sociedad y tienen consecuencias graves, como las ocurridas este verano en Torre Pacheco».
Finalmente, ha asegurado que, desde la Delegación del Gobierno de España, «seguirá utilizando todos los instrumentos del Estado para defender la convivencia y los valores constitucionales».