PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) – La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha destacado que el informe Odismet, elaborado por la Fundación ONCE sobre la inserción laboral de las personas con discapacidad en España, recoge datos «importantes» para Navarra, como el hecho de que nuestra comunidad es la séptima en tasa de actividad de personas con discapacidad.
Desde UPN han criticado la percepción de la consejera, señalando que le parece «una gran posición» estar en la mitad de la tabla y le han achacado «poca ambición». Durante una interpelación del PPN en el pleno parlamentario, Maeztu afirmó que «sin duda, tenemos que mejorar la inclusión de las personas con discapacidad», pero también destacó que «hay que poner los datos en su justo término».
Vías y medidas para fomentar la empleabilidad
Maeztu explicó que existen varias vías, medidas y normativas para fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad. Una de estas vías son los centros especiales de empleo, cuyo objetivo es «ofrecer trabajo remunerado a personas con discapacidad, operando como punto de apoyo para su integración laboral».
«En Navarra hay 17 centros de empleo que financiamos con un presupuesto de más de 16 millones de euros y en los que trabajan 2.000 personas, casi 750 mujeres», apuntó. Además, agregó que «también subvencionamos inversiones en los centros de trabajo». El importe destinado el año pasado a la sostenibilidad de estas entidades alcanzó los 16,6 millones de euros, una cuantía que se ha duplicado desde el año 2016. Asimismo, se ha incrementado el número de plazas un 20% desde 2017, pasando de 1.682 empleos a los actuales 2.023.
Acceso al empleo público y definición de cuotas
Otra vía de acceso es el empleo público, ya que «hay una reserva del 7% de las plazas». «Desde la Administración estamos trabajando para mejorar la reserva de contratos», subrayó la consejera. Además, mencionó que «dentro del departamento contamos con una unidad centrada exclusivamente en la valoración y orientación para el empleo de las personas con discapacidad», cuya actividad ha crecido en los últimos cinco años un 43%.
Por otro lado, Maeztu destacó que la normativa obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a reservar un 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad. «Los datos nos indican que en este campo hay mucho por hacer. Muchas empresas no se atreven a contratar a personas con discapacidad, ya sea por desconocimiento, miedo o por otras causas, y consideran que no podrán adaptar los puestos», criticó.
En este sentido, el Departamento ha lanzado este año una campaña de divulgación en colaboración con CERMÍN y la Confederación Empresarial de Navarra, cuyo objetivo es «ofrecer a las empresas información sobre todas las opciones, herramientas y ayudas existentes, y sensibilizar y animar a las empresas para que utilicen esta contratación».
Hoja de ruta y próximos pasos
Maeztu consideró que «tenemos una hoja de ruta bien trazada en el Plan de Empleo, consensuada con los agentes económicos, sociales y con los interlocutores de la discapacidad en nuestra comunidad». «No comparto el mensaje catastrofista que se ofrece sobre esta cuestión», subrayó, añadiendo que «hemos avanzado, aunque tenemos que seguir mejorando mucho».
Desde el PPN, Maribel García Malo destacó que en la Comunidad foral hay más de 36.000 personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, lo que representa el 5,4% de la población navarra. A pesar de los avances, su inclusión laboral «sigue siendo una asignatura pendiente». García Malo anunció que el PPN presentará una moción para elaborar una estrategia de empleo y discapacidad «con objetivos claros, medibles y construida contando directamente con las personas con discapacidad», que sea «ambiciosa» y con «medidas que sirvan de verdad».
La parlamentaria de UPN, Marta Álvarez, expresó su preocupación por el «exceso de autocomplacencia» de la consejera y su falta de ambición en las políticas que desarrolla, lo que a su juicio dificulta el avance. «A nosotros no nos parece lo mismo que a ella. Estamos en la mitad de la tabla y tan contenta, y no se nos ha ofrecido el dato comparativo respecto a hace 20 años», añadió, informando de que los regionalistas también presentarán una moción al respecto.
Por parte del PSN, Arantza Biurrun respondió a UPN subrayando que «ni falta de ambición, ni autocomplacencia». «Este debate nos permite afirmar a las 36.317 personas con discapacidad de Navarra que su inserción en el mercado laboral es parte de nuestra agenda política», indicó, subrayando que aún quedan muchos obstáculos por remover para garantizar el acceso en igualdad de oportunidades al mercado laboral.
Txomin González, de EH Bildu, reconoció que en Navarra «se han dado pasos», aunque «seguimos con incumplimientos» y con «muchos déficits por corregir». «Aún no tenemos competencias para todo, pero creemos que con las que tenemos podemos afrontar parte de estos retos», indicó, añadiendo que continuarán exigiendo herramientas de autogobierno para abordar estas necesidades.
Desde Geroa Bai, Isabel Aranburu señaló que «hay mucho que avanzar» aunque «hemos sentado unas buenas bases desde años pasados». Emplazó a todos los grupos del Congreso a apoyar la proposición de ley impulsada por el CERMI para que el incumplimiento de la cuota mínima de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad pase de considerarse una infracción grave a una muy grave.
Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, apuntó que el Gobierno foral debe «garantizar la igualdad de oportunidades» a todos los ciudadanos, escuchando siempre las demandas de quienes representan al ámbito de la discapacidad. «Las administraciones públicas debemos velar por garantizar esa igualdad, especialmente para quienes tienen más dificultades», concluyó.
Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez afirmó que las personas con discapacidad «ni gozan de igualdad real, ni de justicia, ni de atención, ni de igualdad de oportunidades», y que «por desgracia», su participación en el mercado laboral «sigue siendo no baja, sino bajísima». Consideró que las normativas y planes sobre discapacidad «fracasan reiteradamente», resultando en que «todo queda en papel».